A un grupo de profesionales industriales y de salud lo engañaron para un trabajo en zona rural del municipio San Miguel, en la Provincia García Rovira Santander.
Cuando se movilizaba en un vehículo sobre la vía a Carcasí, recibió la llamada de un supuesto comandante del Eln, quien les dijo que tenía dos frentes custodiándolos.
Les insistió en que si no se detenían los interceptaban, les quemaban el carro y se los llevaban para el monte.
Pero mientras los retuvieron con esa llamada por más de cuatro horas, por otro lado, les marcaron a sus familiares para exigirles una gran cantidad de dinero, asegurando que tenían secuestrados a sus seres queridos.
“Días antes me contactó un hombre que decía era el dueño de una finca. Quería contratar un servicio de capacitación y de exámenes a sus empleados. Definimos todo, le dimos todos nuestros datos, las placas del carro, hasta el color del vehículo nos pidió”, relató la ingeniera, víctima del hecho.
Lo extraño para ella fue que, bajo excusas y justificaciones nunca le suministró el Rut o el Registro de Cámara de Comercio, se confió de “la buena fé” del sujeto.
“El comandante nos hizo apagar nuestros datos celulares, solo me podía mantenerme yo en la llamada. Nos pidieron contactos de nuestras familias que para confirmar que no éramos de la Sijin o de la Policía.
“Cuando llegó un patrullero y nos preguntó qué hacíamos ahí, nos dijo que a nuestras familias las estaban extorsionando.
“En ese momento entendimos que ese hombre fue la misma persona todo el tiempo”.
Las familias consignaron $18 millones ante el desespero para que los liberaran.
“Estando con el Policía nuevamente, recibí la llamada. Riéndose, dijo al uniformado que ya era tarde y colgó” contó la mujer.
Las autoridades indicaron que “esta modalidad es realizada por más de 6 personas que generan llamadas carcelarias y contactan a otras en las ciudades para ubicar las víctimas potenciales”.
