El presunto abuso sexual más reciente al interior de la Institución Educativa José Prudencio Padilla (Casd) de Barrancabermeja, ocurrió el pasado 9 de agosto cuando, al inicio de la jornada escolar, un docente habría llevado a una estudiante de 13 años hasta su oficina con la excusa de que le ayudara a diligenciar unas planillas; allí, presuntamente, se aprovechó de ella y luego la amenazó para que no contara lo sucedido.
Dos días después la adolescente le dijo a su progenitora lo ocurrido y se interpuso la denuncia ante Fiscalía. Allegados a la menor aseguran que fue después de casi veinte días que se activó la ruta de atención y se le prestó la orientación psicológica y psiquiátrica a la estudiante.
Ante el caso, la Secretaría de Educación de Barrancabermeja indicó que después de conocerse el hecho, el docente no ha tenido contacto con los menores de edad que reciben clases en el plantel.
“El funcionario ha solicitado permiso y con ello allegó incapacidades médicas que han generado la no prestación del servicio educativo por parte del docente, el cual se ha suplido temporalmente por otros maestros”, informó la dependencia.
Pese a que el caso ocurrió hace veinticinco días, hasta ayer la Secretaría de Educación preparaba un acto administrativo para “notificarle al involucrado (..) la separación del cargo de docente de aula y la asignación de labores administrativas”.
Aparte de la denuncia mencionada habría dos acusaciones más de este tipo en contra del mismo docente.
Organizaciones de mujeres y comunidad educativa planean en los próximos días realizar un plantón para exigir celeridad en las investigaciones de presuntos abusos al interior de los colegios y para exigir mayor eficiencia de la ruta de atención en este tipo de casos.
Otras denuncias
En lo corrido del año se cuentan ocho denuncias de presuntos abusos en instituciones que involucran a tres docentes: “cuatro en el colegio Industrial, tres en el Casd y uno en el Camilo Torres”, según Maribel Benítez, secretaria de Educación de Barrancabermeja.
Agregó que en todos los casos a los profesores les fueron reasignadas labores administrativas y están sin “contacto con los estudiantes”.
Sin embargo, padres de familia han pedido medidas más severas para que se evite cualquier comunicación de los involucrados con alumnos mientras se surten las investigaciones, pues en el área administrativa de los colegios también se presta atención a los menores de edad.
