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Así fue el secuestro de la profesora en Norte de Santander

El alcalde de esa población, Dimar Barbosa Riobó, lamentó profundamente el rapto de la docente y solicitó a las autoridades reforzar la seguridad en esa población.

El flagelo del secuestro sigue latente en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) con la retención de la docente Astrid Fabiola Ortega, de la escuela El Trópico adscrita al Centro Educativo Rural del corregimiento de Llano Grande, jurisdicción del municipio de Convención.


Hombres fuertemente armados llegaron a un establecimiento educativo y frente a los estudiantes procedieron a sacarla a la fuerza para internarla en la zona montañosa.


Los secuestradores no respetaron el ambiente escolar, ni el impacto psicológico de los alumnos quienes observaron con impotencia el accionar de los grupos al margen de la ley que delinquen en la zona.
Allegados indican que momentos de pánico vive la comunidad educativa ante la inesperada retención y esperan el pronto regreso a casa, sana y salva.


La maestra es madre de tres hijos y está casada con un reconocido comerciante de la plaza de mercado del municipio panelero. Las autoridades investigan los móviles, autores y exigencias.


El alcalde de esa población, Dimar Barbosa Riobó, lamentó profundamente el rapto de la docente y solicitó a las autoridades reforzar la seguridad en esa población.


“Toda nuestra solidaridad con la familia, con su esposo, sus hijos, maestros y alumnos. Instamos a las autoridades competentes para que por favor actúen de manera rápida y a sus captores para que respeten su vida, honra y dignidad”, reiteró Barbosa.


Dijo además a RCN que la “la información que tenemos es que dos hombres armados llegaron a la escuela ingresaron al salón y en plena clase delante de los niños obligaron a la maestra a salir y subirse a una moto y se la llevaron con rumbo desconocido”.


“Desde enero del año pasado no enfrentábamos secuestros, aunque en 2020 e inicios de 2021, comerciantes y tenderos fueron víctimas del secuestro exprés, las familias de las víctima se vieron obligadas a pagar cuantiosas sumas de dinero con el objetivo de recuperar su libertad. Durante dos años fuimos víctimas de este flagelo, los grupos delincuenciales cobraban entre 15 y 20 millones de pesos y después los dejaban en libertad, creíamos que se había acabado, pero infortunadamente regresa a nuestro municipio.

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