Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal especializado de Bucaramanga, Javier Alberto Rodríguez Rosales; y al técnico investigador del CTI Seccional Santander, Jairo Enrique Pulido Pascagaza, quienes estarían involucrados en el cobro de dádivas para interceder en actuaciones judiciales.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó el delito de concusión, cargo que no fue aceptado por los procesados.
De acuerdo con los elementos de prueba los dos funcionarios habrían acordado, a través de varias reuniones, ayudar a una persona vinculada a un caso de lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. Al parecer, exigieron $350 millones para interceder y lograr la preclusión o archivo de la investigación.
El pasado viernes, personal de la policía judicial de la Fiscalía, con apoyo de unidades del Gaula Militar, capturaron en flagrancia a los dos servidores judiciales, minutos después de recibir $110 millones que corresponderían a un primer pago de la suma pactada.
