De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso de violencia intrafamiliar se presentó en la calle 35 con carrera 22, en un edificio del barrio Antonia Santos.
El sitio es muy cercano a la calle 34 con carrera 23, lugar donde el pasado miércoles 15 de mayo fue asesinada por su exesposo, Yully Maritza Rubio Roa.
Allí uniformados del cuadrante llegaron por una llamada de vecinos en la que indicaban que en el piso ocho, un hombre agredía a una mujer.
El sujeto de 56 años de edad era un expolítico que participó como candidato al Senado de la República y en la actualidad es empresario en Bucaramanga.
En el informe de la Policía se indicó que se materializó la captura por agresión física contra su actual pareja.
“La mujer víctima del hecho manifiesta que fue agredida físicamente por parte de su compañero sentimental y afirma interponer el denuncio. Por lo anterior se procede a notificar al ciudadano los derechos que les asisten como persona capturada por el delito de violencia intrafamiliar siendo trasladado ante las instalaciones de la URI Bucaramanga para ser dejado a disposición de la autoridad competente”, señaló la Policía.
Solo que después de ser presentado ante un Juez de Control de Garantías, el hombre fue dejado en libertad, sin ninguna medida de aseguramiento.
El caso ha generado indignación más cuando el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha denunciado que ocho mujeres en la ciudad están en riesgo de feminicidio y criticó el sistema que no permite la protección de las amenazadas.
“Las rutas se activan, pero el sistema parece verse lento para dictar medidas de protección. Mi llamado a las entidades que conforman las rutas de atención a mujeres violentadas, es a que fortalezcamos la prevención y no la reacción. Casos como el de Yully nos enseñan que hay situaciones que no esperan formalismos ni procesos públicos”, expresó el mandatario.
Durante lo corrido del año 2024, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado por violencia intrafamiliar a 260 personas, el 85% de los aprehendidos han quedado en libertad. Solo al 14% se les ha dictado medida intramural (prisión) y un 1% ha quedado con detención domiciliaria.
