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Sinsabor por libertad de implicados en millonaria estafa de Piedecuesta

Casi dos meses después de detenidos, el Juzgado resolvió la situación jurídica de algunos de los implicados en millonaria estafa, pero no los absolvió. El proceso sigue. El monto total que habrían entregado 400 familias asciende a los $4.901.997.336 millones.

El Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga resolvió la situación jurídica de los tres representantes legales y el asesor jurídico de la Constructora Qbica, detenidos y procesados el 12 de marzo de 2024, por los presuntos delitos de estafa agravada, urbanización ilegal y concierto para delinquir, por hechos denunciados por 400 familias que se vieron afectadas con proyectos de vivienda que no les entregaron y muchos sí pagaron.

El Juzgado Once confirmó de manera parcial -el 8 de mayo- la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga Descentralizado de Girón, que impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad de carácter intramural contra Juan Camilo Corrales Mateus y José Julián Silva Bueno, como también impuso detención domiciliaria contra Gloria Amparo Mojica Jaimes.

De igual manera, determinó en esta oportunidad revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Fredy Augusto Maya Laguna y Jaime Rafael Galvis Vásquez, ordenando la libertad inmediata de ambos, siempre y cuando no sean requeridos por otra autoridad judicial.

En lo concerniente a la medida contra Mojica Jaimes, consideró el Juez que “se confirmará la decisión adoptada por el Juez de primer grado en torno a la detención domiciliaria contra Gloria Amparo Mojica Jaimes, pues reviste de menor afectación de su derecho a la libertad al tratarse de una detención domiciliaria, considera cumplidos los presupuestos de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad, concluyéndose que la medida impuesta no puede ser reemplazada por otros mecanismos menos gravosos como los no restrictivos de la libertad”; porque ella, además, sirvió como intermediaria o instrumento de la actividad delictiva sin saberlo”, siendo asesora de ventas de Qbica Constructores S.A.S., aspecto que resulta suficiente para colegir su participación en grado de inferencia razonable.

Indica la providencia que “el reproche que se le hace a ella es por su conocimiento de la doble venta, esto es, la promesa de enajenación de una misma cosa a dos personas distintas, cobrando precio a ambas, a sabiendas de que solo una de ellas terminaría consolidando su adquisición, mientras que la otra estaría privada del derecho de dominio que perseguía”.

¿Qué ocurrió?

Y es que algunos de los integrantes del cuerpo directivo de Qbica Constructores S.A.S., cuya actividad principal es desarrollar construcción de obras civiles, así como el arrendamiento de todo tipo de maquinaria y equipo utilizado para obras civiles y de transportes, desarrollaron, promovieron y vendieron al público un proyecto de vivienda denominado Torres del Campo, que se desarrollaría en los predios denominados La Esmeralda y Los Trinitarios, los cuales fueron adquiridos por la asociación ASOCOVIMPI de la vereda Barroblanco del municipio de Piedecuesta, sin disponer de licencias de urbanismo, subdivisión y loteo, registro de enajenador y permisos de ventas establecidas para tales propósitos.

La situación fue considerada de suma gravedad “debido a la cantidad de víctimas que esperan ser resarcidas por una cuantiosa suma, y porque la acción desplegada genera incertidumbre y dudas a quienes aspiran a obtener vivienda propia, resaltándose que en el presente asunto se trató además de viviendas de interés social”.

Reproche a la Fiscalía

Entre las consideraciones para la decisión, el Juzgado agrega que la abundante presentación de recursos probatorios de la Fiscalía pudo desviar la atención de los aspectos neurálgicos del debate produciendo incluso confusiones. “Aprovecho la oportunidad para conminar a la Fiscalía a que concrete sus intervenciones centrándose en cada fase del proceso en la argumentación con el debate y no en cuestiones morales, si puede decirse”, explicó.

La decisión señala que la narración de los hechos realizada por el ente fiscal y la descripción de los actos imputados a cada uno de los endilgados, “se advierte en varios momentos deshilvanada y confusa, imprecisión que en algunos casos concretos que se procederán a examinar en líneas posteriores, condujeron a equívocos, al punto que se notó en asuntos puntuales cierta discordancia entre lo expuesto en la imputación, en la intervención para solicitar medida de aseguramiento e incluso, se agregaron situaciones novedosas durante su intervención como no recurrente”.

El fallo resuelve la situación de los implicados, más no los absuelve. Aun así, nadie les ha dicho a los estafados de qué manera les serán devueltos los $4.901.997.336 millones aportados por todos quienes tuvieron el sueño de adquirir vivienda propia.

¿Qué dicen los afectados?

Uno de ellos, Oscar Ochoa Puente, dijo que se siente frustrado por la decisión. “La verdad tengo decepción total porque creo que hay pruebas suficientes para procesarlos por los delitos. En lo que respecta a mí no me han dicho nada de devolución de dinero. Nosotros aportamos $16.054.000 para el proyecto de Torres Umpalá”.

Con un dejo de tristeza, Alcira Meléndez, otra de las afectadas, dijo que “soy una de las afectadas por ese proyecto del que nunca pusieron un solo ladrillo. Me siento desconcertada, porque con toda la evidencia que recolectó la Fiscalía quede decepcionada. Así no se nos regrese el dinero, que paguen con cárcel. Creí en usted señor Juez, esa gente me robó, porque no me regresaron un peso; me engañaron haciéndome creer que me devolvían el dinero, hasta una transferencia falsa hicieron, hasta un cheque sin fondos les devolví en mi ignorancia. ¡Señor Juez, esos señores me robaron!”.

Igual ocurre con Javier Alfonso Santana, quien asegura que compró un apartamento a Qbica constructores, en la torre 3, el 27 de agosto de 2014, pagando cuotas de acuerdo con lo exigido. “Aquí tengo los recibos de que pagamos de 103 millones de pesos y debemos más o menos 48 millones, pero no han hecho escrituras, se embolató la plata, dieron el apartamento en dación de pago y no ha pasado nada”.

Martha Leonor Quintero, hizo un ‘resumen’ de lo que le ocurrió con Torres del Campo. “Acá llegó un señor y me dijo que tenía un cupo para la venta. Miré y me interesó el proyecto, porque en ese momento se visualizaba muy bien. Se hizo el negocio. Una señora nos ayudó con los papeles, a ellos se les pagó un precio pero me decían que en Qbica tenían que aparecer los mismos precios; pagué lo que decía en los papeles del cupo, en 2010… Ya había entregado 22 millones de pesos, pero ya no era confiable. Ahí me dijeron que ya no tenían cómo devolvérmelo. Seguí haciendo todos los pagos, se veía un proyecto bueno, confiable…” Han pasado 14 años.

Clara Olaima Ruiz, también habló de manera vehemente. Dijo que desde 2017, cuando comenzó a pagar las cuotas con el anhelo de adquirir su vivienda, las cosas se han dilatado. Tiene apartamento, pero no le han entregado escrituras.

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