Luego de más de 20 años de ocurridos los hechos en los corregimientos Riachuelo y Cincelada de Charalá, Santander, en donde niños del colegio de la región fueron abusados sexualmente y convertidos en esclavos sexuales por jefes paramilitares del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar de las Autodefensa Unidas de Santander, AUC, la justicia condenó a la exrectora del colegio, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, y un particular identificado como José William Parra Arroyave. Esto porque facilitaron el actuar violento de los jefes paramilitares fueron condenados en días pasados por la justicia por permitir el abuso sexual de jefes paramilitares.
Este caso fue documentado ampliamente por Vanguardia en varios artículos y en un documental que fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
De acuerdo con la Fiscalía, las dos personas facilitaron a las menores a hombres del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. En tal sentido Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal.
Según el ente acusador, la mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’.
Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. El fallo dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.
De otra parte, la Fiscalía estableció que Parra Arroyave, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal.
