Esta grave situación se estaría presentando en el corregimiento de Puerto Olaya, jurisdicción del municipio de Cimitarra.
“Tenemos una situación muy compleja, muy difícil, porque allá a los profesores este grupo delincuencial ha llegado a los colegios y a los salones de clase para amenazar y torturar a los profesores para que no hagan clases, delante de los niños. . Esa situación no la podemos seguir permitiendo”, dijo el mandatario departamental.
Detrás de estos hechos, presuntamente, estarían delincuentes vinculados al Clan del Golfo, organización que delinque en la región del Magdalena Medio.
Para el mandatario, estos grupos armados buscan prohibir el acceso a la educación de los menores para que no se preparen y luego los “instrumentalizan para que hagan parte de estos grupos delincuenciales”.
Conocidos estos graves hechos, que atentan en contra de la integridad de los docentes y los menores de edad, el gobernador de Santander anunció que esta semana se adelantará una consejo de seguridad con presencia de todas las autoridades en esta zona que colinda con el departamento de Antioquia y está a menos de 10 minutos del municipio de Puerto Berrío.
Un habitante de la región señaló a esta redacción que no tiene dudas acerca de la presencia de diversos actores criminales en la región.
“En Puerto Olaya (Santander) y Puerto Berrío (Antioquia) tenemos presencia de varias organizaciones al margen de la ley y que se disputan el control de la zona. Los homicidio son constantes aquí, matan a los pelados y los tiran al río Magdalena”.
“Ya se habían generado alertas”
La Defensoría del Pueblo expresó que a través de las alertas tempranas ya se había advertido a las autoridades de la situación.
“Hemos advertido de la posible expansión e injerencia de estos grupos al margen de la ley en este municipio de Cimitarra. Hacemos un llamado a la Gobernación de Santander para que, de manera inmediata, se convoque el consejo de seguridad que permita tratar esta situación”, dijo Didier Rodríguez León, Defensor del Pueblo del Magdalena Medio.
El funcionario público añadió que “los grupos al margen de la ley, en el marco del derecho internacional humanitario, deben respetar la integridad y la vida de nuestros estudiantes”.
