El presidente Gustavo Petro continúa fabricando su estrategia para lograr la Paz Total que prometió desde la campaña electoral. Este miércoles, el jefe de Estado anunció que 100 mil jóvenes tendrán la figura de gestores de paz, y que además recibirán un pago mensual de $1 millón para que estudien.
“Eso vale un poco de plata. Solo calcúlenlo: si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año, por 10.000 jóvenes, vale un billón 200.000 anual, si mis matemáticas no me fallan”, dijo el Presidente.
El anuncio del jefe de Estado se da en medio de varios cuestionamientos, pues ya se firmó el decreto del Gobierno Nacional con el cual se creará la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.
Esta comisión tendrá la facultada de excarcelar a cientos de jóvenes que fueron privados de la libertad por las protestas del Gran Paro Nacional de 2021, cuando se marchó en contra de varias de las reformas propuestas por el entonces presidente Iván Duque.
Según cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación, son 230 los jóvenes que están siendo procesados por estos hechos, de los cuales 170 podrían recobrar la libertad con este decreto.
¿Impunidad e indulto?
El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien capoteó en el Congreso de la República la prórroga a la Ley 418 o Ley de Orden Público, afirmó que quienes resulten beneficiados con este decreto continuarán sus procesos judiciales, pero desde la libertad; que no se tratará de un indulto ni de impunidad antes los estrados judiciales.
Si bien Prada afirmó que quienes estén condenados como Andrés Pastor González, alias ’19’, condenado a 14 años de prisión por el delito de tortura y concierto para delinquir, no podrán recobrar la libertad, el decreto del Gobierno Nacional no menciona estos casos.
Entre tanto, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta las altas cortes se han opuesto a esta iniciativa de Gustavo Petro, argumentando que habrá injerencia en los procesos judiciales y que solo los jueces podrán decidir quiénes quedan en libertad.
Mientras se conocen los pormenores de esta iniciativa, a la Corte Constitucional ya llegó la primera demanda contra este decreto.
