A medida que avanza el proyecto con el que se busca reformar el sistema político y electoral colombiano, se ha levantado una polvareda de polémicas, críticas y debates por el alcance de los cambios que incluye la iniciativa y porque tras bambalinas estarían los cálculos políticos del Gobierno de Gustavo Petro —impulsor del proyecto— por ganar, con anticipación, terreno para las elecciones de 2023.
Este proyecto incluye reformas en temas delicados como el cambio de partido político y el salto de congresistas de la Rama Legislativa a la Ejecutiva (ministerios), lo que se ha leído como una intención de facilitar las condiciones legales para que la base de las fuerzas políticas de Petro gane terreno en los comicios regionales del próximo año, en los que se elegirán alcaldes, concejales, diputados y gobernadores.
Este diario sabe que al interior del petrismo se definió una hoja de ruta en materia política y electoral con la que tratarán de quedarse con el poder en las principales ciudades capitales —enfocados en Bogotá y Medellín—, ya que Petro necesita tener de su lado a los mandatarios de ciudades y departamentos estratégicos, pues esto le permitiría tener su línea de gobierno en las regiones entre 2023 y 2026.
Por esa razón, en el marco del proyecto de la reforma política, congresistas del Pacto Histórico —la coalición oficialista— han lanzado una serie de globos a los que el Gobierno les ha tratado de hacer el quite, a pesar de que se vería directamente beneficiado. Por ejemplo, con la propuesta de ampliar por un año más el periodo presidencial para que este sea de cinco años y no de cuatro, como en la actualidad.
¿Petro cambiaría las reglas?
El Gobierno Petro ha tratado de vender su reforma política como una reingeniería que le pondría fin a las falencias del sistema electoral, pero al proyecto se le ha puesto la lupa por propuestas como la flexibilización del transfuguismo, medida que le permitiría a los militantes de un partido político cambiarse a otra colectividad, por una única vez, sin que acarree una sanción.
Desde la Casa de Nariño se le encomendó la misión de garantizar los apoyos a esta iniciativa al ministro del Interior, Alfonso Prada, a quien se le ha visto por los pasillos del Congreso dialogando con representantes de los partidos de la coalición de Gobierno para conseguir los apoyos necesarios para que se apruebe esta propuesta en la reforma. “Se busca dar esa posibilidad que tienen los miembros de partidos, por una sola vez, para cambiarse de colectividad”, señaló Prada recientemente.
Esta propuesta no ha caído del todo bien en los jefes de los partidos políticos, ya que con ella el más beneficiado sería el Pacto Histórico, que buscaría arrebatarle a otras colectividades a figuras políticas como por ejemplo los congresistas Katherine Miranda e Inti Asprilla (Alianza Verde), y Juan Carlos Losada (Partido Liberal), quienes han mostrado afinidad y cercanía con Petro. Además de poder “adoptar” más partidarios para las elecciones de 2023, sin que esto les implique una sanción.
Esta reforma pasó sin inconvenientes por la Comisión Primera del Senado, pero parece que en la Cámara será a otro precio, pues han empezado a surgir voces de aliados del Gobierno que se oponen a este “revolcón” electoral. Una de las férreas opositoras a esta propuesta —a pesar de que acompañó a Petro en campaña— fue la representante verde Catherine Juvinao. “Es una reforma política para beneficiar congresistas actuales y cerrar el sistema a nuevos liderazgos”, cuestionó Juvinao.
Otra regla de juego que cambiaría Petro tiene que ver con las inhabilidades de los congresistas, ya que busca brindarles la facilidad de saltar del Legislativo al Ejecutivo, propuesta que desde ya prendió las alarmas de la Corporación Transparencia por Colombia, que planteó que representa un riesgo de intromisión indebida entre poderes públicos al proponer como excepción del sistema de inhabilidades de los legisladores su tránsito inmediato al servicio público con tan solo una renuncia a sus curules.
“Esta excepción podría configurar una puerta giratoria que desdibuje la independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y generar conflictos de intereses en la labor de control político del Congreso hacia el Gobierno nacional”, alertó Andrés Hernández, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Una de las cabezas que puso Palacio a defender estas propuestas fue al representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, quien ha tratado de bajar los ánimos en esa corporación congresional y ante la opinión pública al señalar que la propuesta del Gobierno también limitaría los periodos en el Congreso. “Estamos buscando que se moralice la financiación de las campañas para evitar la captura corporativa del Estado y limitar los periodos en cualquier corporación pública para que haya rotación”, defendió Uribe.
A este representante le encomendaron la misión de ponerle el pecho públicamente a las críticas con esas dos medidas que incluye la reforma. La primera se refiere a la creación de un “Fondo de Financiación de Campañas y Partidos” que se integraría mayoritariamente por recursos estatales y una parte de aportes privados, iniciativa que se ha cuestionado porque podría ir en contravía de la obligación vigente que tienen los financiadores de las campañas sobre rendir cuentas de sus aportes.
Además, frente a la limitación de los periodos en corporaciones públicas se ha cuestionado que los congresistas podrían hacerle una “jugadita” a esta medida, ya que podrían saltar de la Cámara al Senado, para hacerle el quite a esta eventual restricción.
Aunque el Gobierno ha tratado de poner el foco en los cambios menos controversiales, en la última semana se armó polémica porque en el articulado de la reforma también se incluye la ampliación por un año del periodo del presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, que se busca que pase de cuatro a cinco años.
Esta propuesta fue impulsada desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) para que los dirigentes tengan un año más para cumplir sus programas de Gobierno, y desde la Casa de Nariño se ha tratado de hacerle el quite por el debate que desata un posible año adicional al mandato de Petro.
En la oposición también han aparecido voces en contra. El representante Juan Espinal, vocero de la bancada del Centro Democrático en Cámara, planteó que se trata de una serie de “triquiñuelas” del Gobierno para aventajarse en las elecciones de 2023. “Buscan aprobar este paquete de reformas electorales antes de mayo de 2023”, aseguró.
Este diario conoció que después de superar los dos primeros debates en Senado, el Gobierno cuenta con que antes del 20 de diciembre surjan dos debates más –de los ocho que necesita en total– en la Comisión Primera y plenaria de Cámara. De cumplirse ese calendario, se espera que a partir de marzo de 2023 se den los cuatro debates restantes.
Aunque el Gobierno ha asegurado que es una “reforma anticorrupción”, sus cambios han sido cuestionados incluso por sus aliados frente a estas y otras medidas (ver Para Saber Más) como las listas cerradas. Prada ha asegurado que son propuestas de diversas orillas, pero ha generado suspicacia su intermitente interés para que su aprobación se logre rápidamente, más cuando falta menos de un año para las elecciones .
