“Informamos que el día de ayer (21 de octubre) se adelantó una audiencia en los juzgados de Paloquemao donde estaban siendo procesados Guillermo Gueragama y Carlos Murry, tras su captura, salen libres”, notificaron las autoridades indígenas de Bakatá, que agrupa a los indígenas asentados en Bogotá.
En efecto, la Fiscalía desistió de solicitar la medida de aseguramiento al considerar que los dos hombres no representan un riesgo de esquivar futuras comparecencias y que, por lo tanto, su libertad no compromete la continuación del proceso jurídico.
Gueragama y Murry fueron detenidos el pasado 19 de octubre. Los manifestantes estaban en medio de los desmanes de la protesta social indígena que dejó 28 personas heridas: ocho gestores de convivencia, cinco civiles, 14 policías y un personero.
En videos quedó registrado el momento en el que manifestantes golpearon a uniformados con palos y patadas, algunos de ellos ya reducidos en el piso. Por estos hechos la Policía continúa en la búsqueda de 18 posibles responsables y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos que permita dar con su paradero.
Los dos indígenas vinculados en este proceso regresaron a su lugar de asentamiento en el albergue de La Rioja (Bogotá) y desde allí deberán acudir a futuras audiencias. La autoridad indígena insiste en que sus miembros fueron retenidos en un procedimiento ilegal.
“(Ellos) rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía, la cual no presentó más pruebas que una denuncia hecha por un policía. En próximos días se llevará acabo un juicio donde se podrá presentar el material gráfico probatorio para su liberación completa”, puntualizó la autoridad de Bakatá.
La audiencia que definía el futuro jurídico Gueragama y Murry tuvo varios contratiempos: se aplazó en cuatro ocasiones por falta de un traductor que comunicara a los indígenas lo expresado en la diligencia en su idioma natural.
¿Por qué protestaban los indígenas?
Hasta mayo pasado 1.500 indígenas permanecieron en Bogotá, entre las condiciones de su retorno a los territorios estaba el compromiso de las autoridades de apoyarlos con proyectos productivos, su participación en la reformulación de políticas públicas y garantías de acceso a alimentación, salud, transporte y atención a la primera infancia. Regresaron a la protesta porque, argumentaron, les han incumplido.
De momento, el gobierno nacional se comprometió a enviar comida, agua potable y brigadas de salud a los 1.280 indígenas que permanecen hacinados en Bogotá. La Unidad de Víctimas, por su parte, coordinará el retorno de la comunidad a sus territorios.
