En los pasillos de la Casa de Nariño y en los del Ministerio de Defensa corre con fuerza la versión de que las tropas, tanto militares como de Policía, están desmotivadas. Lo que se dice en voz baja, tanto entre oficiales como en suboficiales –versiones que ya han llegado hasta el despacho presidencial– es que los uniformados de todos los rangos sienten que no son prioritarios para el Gobierno de Gustavo Petro.
Y eso, que tiene tanto de rumor como de alarma por lo que puede implicar en la seguridad del país, puso a la cúpula militar y al propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, a analizar qué caminos se deben tomar para frenar de una vez por todas lo que ya algunos se han lanzado a calificar como “operación tortuga”.
Esto último no es otra cosa que evitar la confrontación directa en varios niveles, como operaciones contras grupos ilegales, delincuencia o, incluso, evitar choques con manifestantes en situaciones específicas. Dos ejemplos recientes fueron los bloqueos de la última semana en el Bajo Cauca Antioqueño –que derivaron en el robo de mercancía de camiones que estaban inmovilizados en las vías– y el no uso del Esmad para frenar las escaramuzas que se registraron en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, durante las marchas del pasado lunes contra el Gobierno.
Toda esta situación, que EL COLOMBIANO confirmó se viene gestando desde hace varias semanas en las tropas tras la llegada del nuevo inquilino de la Casa de Nariño, y terminó saliendo a flote con la resolución 5709 del 2022 –firmada por Velásquez el 23 de septiembre–, con la que quedó en firme el retiro de 10 tenientes coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes. 23 policías que, voluntariamente, salieron por diversos motivos –incluyendo el creciente descontento– de la entidad.
Este diario, además, supo que entre ese grupo de expolicías que terminaron colgando el uniforme hay varios que le dijeron directamente a sus superiores –tanto en la sede del Ministerio de Defensa como en las guarniciones en las que estaban– que otra preocupación en las filas es el cambio de estatus de la Policía para pasarla a otra cartera ministerial, lo cual podría derivar en una politización profunda de la institución.
Incluso, de acuerdo con uniformados activos que prefieren evitar ser mencionados para no tener represalias, habría más renuncias a nivel de oficiales en cuestión de días. Es más, a los oídos del propio presidente Petro ya llegó un mensaje en torno a que esto mismo podría registrarse en el Ejército y las otras fuerzas militares. Y, lo que ha generado más expectativa, algunos ya hablan de un posible distanciamiento entre el Jefe de Estado y su Ministro de Defensa.
“La situación está muy delicada y tiene con la moral muy baja a todo el mundo”, precisó un policía con acceso al alto mando. Además, fue enfático en que “nada de esto pinta bien”.
Y aunque la Dirección de la Policía –por instrucción de su comandante máximo, el general Henry Sanabria– emitió un comunicado advirtiendo que “no es cierto que el retiro de estos oficiales se haya producido por una desmotivación ocasionada por decisiones institucionales recientes”, entre las tropas la versión es otra.
La razón es que, por ejemplo, entre los 10 oficiales de más alto rango que acaban de salir están los coroneles José Raúl Vera y Hernán Darío Gómez. El primero se venía desempeñando como Comandante de la Policía de Cundinamarca y fue quien coordinó varios golpes contra mafias que, incluso, se están metiendo a Bogotá para controlar el narcotráfico de la capital y están dejando mensajes siniestros como los 21 embolsados que se han hallado este año en esa ciudad.
Y el segundo fue una de las personas que más trabajó la reforma del Código de Policía que entró en vigencia en 2016; de hecho, fuentes de la entidad confirmaron que era una de las personas a las que se le estaban consultando los cambios que se quieren hacer dentro de la institución bajo la administración Petro.
Pero la Policía insistió en que los retiros se habían pedido desde hace meses y que no están relacionados con la coyuntura actual por la que atraviesa una institución clave para la salvaguarda de la democracia colombiana.
“La institución precisa que las solicitudes por parte de los oficiales fueron radicadas desde hace varios meses de la siguiente manera: 11 en el pasado mes de junio, 7 en julio y 5 en la primera semana de agosto, en el marco de un procedimiento normal dentro de la Policía Nacional en el que integrantes de la institución deciden poner fin a su servicio activo por voluntad propia, por razones individuales y familiares, haciendo uso de su derecho a la asignación de retiro, en su mayoría cumpliendo el tiempo de servicio que les otorga el mencionado derecho”, se aseguró en un comunicado.
Ahora bien, esto contrasta con versiones que también se mueven entre el generalato en términos de un posible desmantelamiento silencioso de la institución. En la primera barrida, liderada por Velásquez con la anuencia de Petro, salieron 21 generales de la Policía y así se le abrió paso a su director, el general Sanabria, y a la actual subdirectora, la brigadier general Yackeline Navarro Ordóñez.
Ellos vienen liderando el concepto de seguridad humana que quiere desarrollar Petro, que privilegia el diálogo antes que la confrontación en determinadas situaciones de orden público, como quedó consignado en instructivo 009 del 25 de septiembre pasado, firmado por el general Sanabria (ver nota anexa). No obstante, entre los 23 que se acaban de ir y los 18 que salieron primero hay la percepción de que eso solo lleva a frenar el accionar policial.
“Si no nos permiten actuar, o si podemos terminar castigados por hacerlo, ¿por qué arriesgar la vida? No hay un lineamiento claro desde la comandancia y desde el mismo gobierno”, confirmó otro oficial al ser consultado sobre lo que pasa en las tropas.
En medio de este debate, también hay dudas sobre el mando de Sanabria. La razón es que recién lo nombraron en la Dirección de la Policía anunció que en la jefatura de la Dipol estaría el coronel Jhon Harvey Alzate y en la de la Dijin el coronel Juan Miguel Thiriat, pero tras una reunión privada con el Ministro de Defensa esas designaciones se cayeron y terminaron llegando a esos cargos los coroneles Olga Patricia Salazar (Dijin) y Arnulfo Rosenberg (Dipol).
Algunos hablan de que en la cita hubo regaño incluido y dudas sobre cómo se iba a manejar la inteligencia policial, clave en golpes poderosos como la captura del extraditado narcoparamilitar Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo.
Esto alimenta la zozobra, porque con la salida de los primeros 21 generales en la Policía solo quedaron 8, incluyendo a Sanabria, para comandar una fuerza que suma más de 170.000 personas. Además, esto tiene una punta política que toca con la paz total. Si bien ya hay 10 narcobandas que declararon el cese unilateral del fuego, en las filas oficiales no es claro si ellos sí podrán o no seguir actuando.
Y ahí sale la crítica política. La senadora Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, se preguntó tras la salida de estos 23 policías: “¿Paz total o capitulación?”.
Aunque el ministro Velásquez ya dijo que “la paz total no implica que haya una orden a la Fuerza Pública de bajar la guardia”, la falta de claridades en las filas deriva en esa denominada “operación tortuga”.
EL COLOMBIANO también supo que en los enfrentamientos del 9 de septiembre entre Ejército y ELN en Arauca, que dejaron un soldado muerto y 4 heridos, se habría pedido respaldo aéreo para “ametrallar o ablandar la zona”, que en la jerga castrense es una solicitud de ayuda para que no los copen o rodeen durante un combate, pero no habría tenido una respuesta positiva. El resultado negativo, cosa que se investiga si es verdad, fue lo que impactó en la humanidad de 5 uniformados.
Tanto Petro como Velásquez están enterados de todo esto, por lo cual están en consultas privadas y con la cúpula para saber si su plan de sacar de las filas a todo aquel uniformado señalado de algún tipo de violación a los Derechos Humanos está resultando contraproducente –porque inocentes terminan colgando el uniforme– y si hay que cambiar su estrategia de reformar a las Fuerzas Militares y de Policía.
Todo esto, con una campaña regional en ciernes, tiene en alerta a varios sectores civiles, castrense, políticos y empresariales. Y, como es casi un hecho que vienen más renuncias, la duda está en cuándo el Gobierno de Petro podrá frenar esta situación. Incluso, en la cita del martes en la Casa de Nariño, fue una de las preocupaciones que le expresó al Jefe de Estado el expresidente Álvaro Uribe. ¿Habrá cambio o barrida?, es la pregunta de moda en todos estos estamentos.
