Emilio Archila se desempeñó entre agosto de 2018 y abril de 2022 como consejero presidencial para la estabilización y consolidación. Su papel era continuar la implementación y consolidación de los acuerdos de paz con las Farc, con la política de ‘Paz con Legalidad’.
Por eso, cuando una emisora nacional destapó una presunta red de corrupción que operó para quedarse con cerca del 12% de los recursos del Ocad Paz, encargado de aprobar los recursos para ejecutar proyectos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de paz, Archila no se quedó callado.
El exconsejero aseguró que mientras se encontraba en su cargo le llegaron correos con diferentes denuncias y comunicaciones que detallaban datos sobre el manejo de los recursos.
“Durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos para asegurar principios claros y transparentes. Desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente”, informó Archila en un comunicado.
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El exconsejero explicó que a los alcaldes se les estaría cobrando un “peaje” para que los proyectos obtuvieran los vistos buenos y si no pagaban estos cobros los proyectos no pasaban a estudio, en donde eran aprobados por Archila y los demás representantes del Ocad Paz.
Archila reiteró que él no tenía nada que ver con el cobro ilegal debido a que este se ejercía antes de que los proyectos llegaran a sus manos.
La Fiscalía citó a Archila a rendir declaratoria de las denuncias que recibió mientras ejerció como consejero. Después de la citación, que tuvo lugar el 8 de junio y que duró un poco más de cinco horas, Archila aseguró que su testimonio será de gran utilidad y le aportará a la investigación.
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“Se trató de una muy buena diligencia de más de cuatro horas, en que la Fiscalía continuó detallando sobre las denuncias que yo le trasladé y los hechos relacionados. Un gusto para mí que mis aportes hayan sido y sigan siendo útiles para resolver este tema”, contestó Archila.
El caso
Una investigación de Blu Radio reveló que mientras Luis Alberto Rodríguez manejaba la dirección del Departamento Nacional de Planeación, DNP, se habría formado un grupo en la entidad, funcionarios de la Contraloría y congresistas para, aparentemente, solicitar coimas a los alcaldes y gobernadores a cambio de aprobar proyectos en el Ocad Paz.
El Ocad Paz hace parte del Sistema General de Regalías, SGR, y se encarga de priorizar y aprobar los proyectos que serán financiados con recursos de regalías en los territorios. “Es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”, se explica en su página web.
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Según la investigación periodística, solo en el año 2021 las coimas pagadas habrían sido por $500.000 millones, dinero que no habría llegado a los 170 municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, territorios más afectados y vulnerables del conflicto armado.
En ese momento, quien estaba liderando los Ocad Paz era el exconsejero Emilio Archila y como secretario técnico estaba Álvaro Ávila. Además, en ese tiempo, también decidían los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo.
Según las denuncias recibidas por Blu Radio de los diferentes alcaldes de los Pdet, para que los proyectos fueran sesionados en el Ocad Paz se pedía tener padrino político y pagar entre 6% y 15% de dádivas.
La Contraloría evidenció irregularidades en proyectos, específicamente de paneles solares, que fueron financiados con recursos de regalías en nueve municipios, de los cuales ocho presentaron una forma diferente de operar.
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“A través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto. Se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y una falta de planeación post contractual al no tener garantizada la operación y sostenibilidad de los proyectos”, informaron voceros de la Contraloría.
Otra irregularidad hallada es que los estudios de los ocho proyectos fueron elaborados por la misma persona. El órgano de control informó que el 33% de los municipios Pdet no han recibido ningún recurso de regalías específicamente del Ocad Paz.
Finalmente, la Procuraduría también está adelantando 24 investigaciones que involucran los cerca de $250.000 millones en proyectos de municipios Pdet que están en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, entre otros.
