Por primera vez en su historia, la Jurisdicción Especial para la Paz realizó una audiencia de reconocimiento para escuchar los testimonios de 10 militares (r) que participaron en falsos positivos en El Catatumbo.
El encuentro se realizó en Ocaña, Norte de Santander, y contó con la presencia de víctimas, familiares y magistrados. Todos fueron testigos de fuertes relatos por cerca de 10 horas, en los que los militares (r) –y un civil– aceptaron ser responsables de algunos de los 120 asesinatos y desapariciones forzadas en esa región.
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Una de las intervenciones que más generó conmoción fue la del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez, imputado por estos asesinatos que posteriormente presentaron como bajas en combate entre los años 2007 y 2008.
Este militar comenzó aseverando que en su unidad asesinaron a campesinos inocentes en lo que se convirtió en fenómeno criminal en toda esa zona del norte del país.
Incluso, en cerca de 30 minutos de intervención, reconoció que todo lo hizo por la “presión de unos falsos resultados por tener contento a un Gobierno”.
“Quiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo como miembro de la Fuerza Pública asesiné cobardemente”, concluyó.
Por su parte, Claudia Barrientos, como víctima declaró que su deseo es esclarecer qué pasó con su hermano Javier Barrientos en 2007, año en el que se sumó a la lista de falsos positivos.
Su idea para esta cita era ver a los responsables con el uniforme de militares, “para que el país y el mundo se diera cuenta quiénes habían cometido esos crímenes”. Sin embargo eso no fue posible.
De ese peso fueron otras declaraciones como la víctima Antonio María Peña, la del entonces mayor del Ejército, Juan Carlos Chaparro, la del capitán Daladier Rivera y la del sargento Rafael Antonio Urbano. Este último subrayó, vía Internet, que hay un oficial activo de apellido Velandia que pronto llegará al rango de general, y que habría participado en el asesinato de un falso positivo sin aún ser vinculado al caso.
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Más cerca de la verdad
Para el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, los testimonios que componen esta primera audiencia de reconocimiento conforman una de las aproximaciones más importantes a la verdad de lo que pasó en el conflicto armado.
De hecho aseguró que nunca se había estado tan cerca de esclarecer el flagelo de los falsos positivos en esa región, el cual hace parte del macrocaso 03 que en dicha jurisdicción tiene como relatora a la magistrada Catalina Díaz.
Sobre las 6:30 de la tarde las intervenciones terminaron y continuarán este miércoles a las 8:00 de la mañana. En dicha jornada estará el general (r) Paulino Coronado, el oficial de más alto cargo en ser procesado en la JEP por las ejecuciones extrajudiciales.
En total de comparecientes son Coronado, Chaparro, Urbano, Rivera, Gutiérrez, los tenientes Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, el sargento Mauricio Pérez y el civil Alexander Carretero.
Todos los diez militares imputados hicieron parte de la Brigada Móvil 15, y del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, el cual tenía labores contra grupos armados ilegales en Norte de Santander.
El pedido de perdón
El segundo uniformado en tener la palabra fue Daladier Rivera Jácome. Para la época en la que se desarrollaron los hechos en los que se reconoce como coautor fue capitán del Ejército.
En el Auto 125 de la JEP, sale reseñado que es uno de los responsables de varios falsos positivos. En ese sentido, le solicitó a Villamir Rodríguez –víctima– que se pusiera de pie en frente de todos.
Como victimario manifestó que quería limpiar el nombre de Rodríguez, pues en los hechos que lideró la Brigada 15 él nunca fue combatiente de la guerrilla como lo hicieron creer, acusación que incluso lo tuvo detenido varios años.
“Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia, los cuales puse a disposición de la Fiscalía que tomó su caso”, describió. A dichos papeles se les sumaron falsos testimonios de desmovilizados, quienes declararon en contra de Rodríguez a cambio de recibir dádivas.
Después vinieron las intervenciones de los uniformados Chaparro y Herrera. Los tres concordaron con el resto de sus compañeros en que los mayores afectados en medio de esta situación fueron las víctimas y sus familiares.
Así lo advirtió otra víctima. Mayra Alejandra Jaimes les dijo que con esos engaños se llevaron a su padre y a muchas otras personas inocentes que en su caso particular truncaron los sueños que ella y su papá tenían.
Para Óscar Parra, uno de los magistrados que lideró la audiencia, este antecedente histórico rompe con barreras de la justicia para conocer la paz que, en esta ocasión, estará en manos del Tribunal de Paz, el cual impondrá las sanciones a las que haya lugar tras el reconocimiento.
