La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este viernes que 21 miembros del Ejército, –entre ellos un general en retiro– y un civil, reconocieron su responsabilidad ante el tribunal del asesinato de, por lo menos, 120 personas en la región del Catatumbo y otras 127 más en la Costa Caribe, dentro del Caso 3 que corresponde a los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos como falsos positivos.
La magistrada Catalina Díaz Gómez indicó que, a través de los autos 125 y 128, la Sala de Reconocimiento les imputó a 25 miembros del Ejército y un tercero civil «los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio».
«La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate», agregó la magistrada Díaz.
Según la justicia transicional, tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes ocurridos entre 2002 y 2005 en la Costa, y entre 2007 y 2008 en el Catatumbo.
De ellos, 11 imputados hacían parte de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, y otros 11 pertenecían al Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
Los primeros estaban vinculados a los hechos en el Catatumbo, mientras que los segundos a los de la Costa Caribe. Los 22 imputados presentaron su escrito de reconocimiento ante la JEP entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de este año.
Los magistrados de la JEP destacaron que el reconocimiento por parte de los máximos responsables de estos crímenes “es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ‘el sistema de incentivos condicionados’ en el que se funda este sistema de justicia transicional”.
Los imputados
En sus escritos de reconocimiento, los imputados “reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad”, indicó el tribunal.
Así mismo, los imputados, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos.
El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos en el Catatumbo es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien era el comandante de la Brigada 30, con sede en Cúcuta.
“Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (…), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”, fue el mensaje del general en el documento en el que admite su responsabilidad por los casos de falsos positivos.
A esta declaración también se unieron los imputados por falsos positivos investigados en el Catatumbo: los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez; los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado; mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro; capitán Daladier Rivera Jácome; sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras; cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas.
En cuanto a los casos de la Costa Caribe, el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, es uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos en esa región.
“Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez (sic) de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios”, fue el mensaje del mayor en retiro.
En esos mismos términos se refieren los demás imputados por los falsos positivos en la Costa Caribe: mayor Heber Hernán Gómez Naranjo; teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
Entre tanto, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
De ser vencidos en juicios, Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
