Uribe renunció a su curul en el Senado en agosto de 2020. Según argumentó en su momento, quería ocuparse de su proceso judicial. Entonces abrió un fuerte debate jurídico, pues, por su calidad de senador, la que lo estaba investigando era la Corte Suprema de Justicia. Con su renuncia, el proceso que se adelantaba en su contra pasó a la justicia ordinaria.
Pese a la investigación, varios sectores del Centro Democrático le han propuesto volver al Congreso. Sin embargo, en una entrevista en el programa web uribista La Bodeguita, el expresidente sostuvo que en esta ocasión no iba a participar en las elecciones legislativas.
“Digamos la verdad, este proceso judicial injusto, que me tiene tan afectado, creo que es una razón que me dice que mi nombre no debe estar en el Congreso”, aseguró Uribe.
Por lo pronto, ese proceso en su contra sigue avanzando y se espera que la Fiscalía resuelva si precluye la investigación, con la oposición de las víctimas.
De hecho, recientemente el exfiscal Eduardo Montealegre, quien es considerado como víctima dentro del proceso, solicitó que se practicaran al menos 55 pruebas nuevas en el caso.
Durante su intervención, Montealegre aseguró: “nos ayudarán a aumentar la probabilidad de la hipótesis que estamos sosteniendo las víctimas en este proceso, dejando claro que ya existe una montaña de evidencias en contra de Álvaro Uribe, que permiten, en este momento, aún sin que se practiquen, formular acusación contra el expresidente como coautor de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”.
A su vez, la Corte Constitucional está evaluando si Uribe debe ser considerado como imputado después de que su proceso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Los argumentos de la defensa de Uribe apuntan a que, después de renunciar al Senado, su proceso debe iniciar de nuevo en la otra jurisdicción.
La Corte Constitucional evalúa una ponencia del magistrado Alejandro Linares, que le niega a la defensa de Uribe esta posibilidad y le mantiene la condición de imputado, la cual haría más difícil que la Fiscalía precluya el proceso. No obstante, la ponencia de Linares podría no tener los votos suficientes para ser aprobada en Sala Plena.
