Se trata de los senadores Armando Benedetti, del Partido de la U; y Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical. Al primero, la Corte le adelanta un proceso por haberle pedido a Abudinen –vía telefónica– que cediera el contrato por el que se abrió el escándalo que hoy tiene perdidos $70.000 millones del anticipo dado a Centros Poblados, unión de la que es pieza fundamental el contratista Emilio Tapia.
En los últimos días, la exministra TIC salió hacia Estados Unidos por motivos personales, y como le dijo a El Colombiano, su objetivo siempre ha sido el de asistir a la citación que le hizo la Corte.
Este diario conoció que el encuentro de este miércoles se llevará a cabo a las 2 de la tarde, y aunque no está confirmado y no ha trascendido información de que la exministra en efecto haya vuelto al país, todo indica a que en la cita estará presencialmente.
La indagatoria preliminar
Por el lado de Zabaraín, este le pidió a la Corte que lo escuche en versión libre, caso contrario a Benedetti, quien tiene encima varios señalamientos de veedurías y de la misma Abudinen por presuntamente haber intervenido para que el contrato fuera cedido en lugar de caducarlo.
A mediados de octubre, uno de los denunciantes que pertenece a las veedurías se retractó de haber relacionado a los senadores Daira de Jesús Galvis y a Zabaraín, por lo que este sostuvo que de todas formas quería ir en versión libre.
La razón que expuso el denunciante para desvincularlos es que no tenía las suficientes pruebas en el proceso, las cuales sí mantiene contra Benedetti.
En medio de este escándalo se conoció que la semana pasada, Emilio Tapia, indicado de ser el cerebro para esta contratación, prendió el ventilador en la Fiscalía revelando más nombres de presuntos implicados que habrían validado la póliza que utilizó Centros Poblados para tramitar el contrato por $1.07 billones para llevar Internet a zonas rurales de 15 departamentos.
