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Colombia pagó $34.000 millones por desaparición

Foto: Colprensa

Colombia

Colombia pagó $34.000 millones por desaparición

Indemnizaciones por más de $34.142 millones ha pagado el Estado colombiano ante tribunales internacionales por ocho condenas relacionadas con desaparición forzada ocurridas en el conflicto.

Así lo pudo corroborar EL COLOMBIANO con documentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Cancillería, que dan cuenta de las sentencias proferidas por ese delito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En la documentación, la Cancillería notifica que la Corte IDH ha proferido seis condenas contra Colombia por desaparición, una violación de los derechos humanos.

Estas sentencias se dieron en los años 2004, 2006, 2014, 2017 y 2018, y corresponden a estos casos: 19 comerciantes (6 de octubre de 1997 en Puerto Boyacá, Boyacá); masacre de Pueblo Bello (enero de 1990 en Pueblo Bello, Córdoba); caso Rodríguez Vera y otros (desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985); caso vereda La Esperanza (El Carmen de Viboral, Antioquia, del 21 de junio al 27 de septiembre de 1996); caso Isaza Uribe y otros (desaparición de Víctor Uribe Isaza de la cárcel de Nare, Antioquia, el 19 de noviembre de 1987); y caso Omeara Carrascal y otros (Aguachica y San Martín, Cesar en 1994). Además de estas seis sentencias, Colombia ha pagado indemnizaciones por otros dos casos: Caballero Delgado y Santana (Cesar, en 1989) y la masacre de Mapiripán, Meta (julio de 1997).

Las sentencias por estos ocho casos suman pagos por $34.142.197.620, mientras que las indemnizaciones colectivas por desplazamiento forzado, procesos de justicia y paz, y otros hechos victimizantes –clasificados de esa manera por la Unidad de Víctimas– son de $8.362.535 millones, desde 2012 a agosto de 2021.

Sin embargo, hoy hay 75 peticiones sobre casos de desaparición forzada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dos ya en la Corte, 35 en etapa de admisibilidad, 24 en etapa de fondo, cuatro en acumulación de etapas, cuatro en solución amistosa y tres en cumplimiento de recomendaciones.

Las condenas resaltan la responsabilidad de Colombia en desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos y afectaciones a mujeres y niños, en los que tuvieron participación paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado.

Sobre las líneas de defensa de Colombia en cada litigio, Leonardo Romero, asesor de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, explicó que gozan de reserva, según la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, ya que podrían afectar los intereses del Estado.

Abogados consultados por EL COLOMBIANO explicaron que estas sentencias, que podrían parecer pocas, son ejemplo de la complejidad de los procesos que suben hasta la Corte IDH, que tardan entre 7 y 15 años en ser concluidos.

Además, las órdenes de la Corte IDH implican la ejecución de medidas desde diferentes entidades, lo que se traduce en tiempos prolongados de puesta en marcha de las indemnizaciones. Para ello, la Cancillería creó el Grupo Interno de Seguimiento a las Órdenes de Órganos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, pero “algunas de las disposiciones de la Cidh están sujetas a acciones que se extienden en el tiempo y revisten complejidad”, por lo que algunas de las sentencias todavía están en trámite de cumplimiento.Reparación millonaria

La condena por la masacre de Mapiripán es la de la indemnización más costosa pagada por el Estado, de las ocho reportadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, y equivale a US$5.118.500, un equivalente a $11.721.467.370, teniendo en cuenta el valor del dólar en 2005, cuando fue proferida la sentencia.

La Corte IDH responsabilizó al Estado por los hechos ocurridos el 15 de julio de 1997, cuando las Autodefensas rodearon al municipio, tomaron el control y asesinaron a 49 personas, cuyos cuerpos fueron lanzados al río Guaviare.

En la ficha técnica de la sentencia, la Corte reporta que la Fuerza Pública llegó al territorio el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre, cuando los paramilitares ya habían destruido evidencia física y agrega que “no se realizaron mayores investigaciones ni sanciones”

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