La decisión del Tribunal responde a la petición de la Procuraduría General, que presentó una acción popular el pasado 6 de septiembre, para que fuera devuelto el dinero del anticipo del contrato, que finalmente terminó con la renuncia de Karen Abudinen.
Según el documento del Ministerio Público, entre las principales razones para presentar esta acción es que se generó un daño colectivo, específicamente contra los niños que necesitan el servicio de internet.
El ente de control indicó que “ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”.
El Ministerio Público solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.
“Entre los accionados están el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTic), representado legalmente por Karen Abudinen Abuchaibe o por quien haga sus veces; el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y sus integrantes, 11 empresas y una fundación”.
El Tribunal le dio la razón a la Procuraduría y en su decisión ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios de las personas o que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal y “poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado o de terceros”.
Además ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, etc. que tengan Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que la integran la Fundación de Telecomuniaciones, Icm Ingenisros, Intec de la Costa y Omega Bulding.
El monto del embargo, será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, esto es: 70.243.279.599 pesos.
Además, el Tribunal pidió a todas las entidades financieras que funcionan en el país, que en el término de tres días, informen al Despacho, si procedieron a efectuar el embargo de las cuentas y, en caso tal, que indiquen el nombre del titular, número de cuenta, tipo de cuenta y valor embargado.
Como quinto aspecto, se decretó el embargo de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar que tenga la UT, los socios y miembros que la integran.
