Esta estructura, de acuerdo con la Fiscalía, ingresaba presuntamente las sustancias químicas de contrabando, vencidas y en mal estado por la frontera con Venezuela y luego en casas de familia y bodegas las mezclaban y rendían indiscriminadamente con distintos elementos tóxicos y las envasaban y rotulaban como herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Posteriormente, las comercializaban y enviaban a diferentes puntos del país en buses intermunicipales, vehículos de transporte escolar o como encomiendas.
Además, esta estructura presuntamente tenía litografías dedicadas a simular las etiquetas, sellos y distintos mecanismos de seguridad de marcas reconocidas en el sector agropecuario; así como fábricas de empaques plásticos, tapas, cajas y todo lo necesario para darle la apariencia de autenticidad a las falsificaciones.
También, de acuerdo con la Fiscalía, eran creadas empresas que, en realidad, servirían de fachada porque no tenían aval ni cumplían los protocolos de las autoridades competentes para el manejo de herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Los indicios dan cuenta además de que los productos alterados o fraudulentos habrían sido vendidos a distribuidores y agricultores de la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Huila y Arauca, entre otras zonas.
Por estos hechos estas personas fueron imputadas por los delitos de: fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, usurpación de derechos de propiedad industrial, y concierto para delinquir.
