La decisión se tomó luego de estudiar la denuncia presentada por los abogados Víctor Velásquez y Eduardo Carmelo, quienes aseguraron que supuestamente Mockus había cometido el delito de elección ilícita, dado que se presentó al Senado cuando todavía era representante legal de Corpovisionarios.
Los denunciantes aseguraron que esa entidad suscribió en noviembre de 2017, cuatro meses antes de las elecciones, un contrato con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto.
Este contrato le costó a Mockus su elección, dado que el Consejo de Estado anuló su curul y el proceso todavía está a la espera de una decisión por parte de la Corte Constitucional.
La Sala de Instrucción consideró que no hay mérito para iniciar un proceso formal contra Mockus ya que no había decisión penal, disciplinaria o fiscal en firme que lo inhabilitara para presentarse a los comicios.
Así mismo, que la inhabilidad alegada se conoció sólo después de las elecciones por lo que no se configura el citado delito.
