Esos puntos ya pactados giran alrededor de tema como la presencialidad, evaluación docente, salud y prestaciones sociales.
Entre los destacados está el tema de la Escuela de la Presencialidad, en el que las partes reconocen que el retorno a las aulas de clase se continuará realizando bajo las condiciones de bioseguridad que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social para toda la comunidad educativa y como una prioridad de salud pública.
«La presencialidad para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden a los colegios oficiales, es un compromiso muy importante para promover su salud mental, desarrollo integral, fortalecer los aprendizajes y la construcción de proyectos de vida», dice el comunicado emitido por el ministerio.
En cuanto a la evaluación docente, ambas partes reconocen la necesidad de revisar, actualizar y ajustar el modelo, enfoque y alcance bajo el cual se adelanta, para que responda a las exigencias actuales del sistema, a los retos en materia de calidad, evaluación y viabilidad financiera y que se proyecte como una estrategia de mejora continua de la misma carrera.
Así mismo, entre otros puntos, se pacto sobre el derecho a la vida y garantías para el ejercicio de la profesión docente: por el respeto de la vida, la integridad física y los derechos humanos en la labor docente y sindical, se reiteró la voluntad del Gobierno de generar garantías para el ejercicio de la actividad sindical y apoyar activamente los procesos para la reparación integral, colectiva e individual.
