Con el rostro desfigurado y semidesnuda, fue encontrado el cuerpo de una mujer en una zona rural en inmediaciones del municipio de Sabanagrande, Atlántico, en cercanías a la empresa Cementos Oriente.
El cuerpo de la mujer presenta evidentes signos de violencia sexual y tortura, de acuerdo al primer informe preliminar de las autoridades. El perturbador hallazgo fue hecho por transeúntes durante al mediodía de este martes 26 de marzo. Por el momento, no se descarta la hipótesis de feminicidio.
Las autoridades locales no han confirmado la identidad ni la edad de la fallecida. Miembros del CTI de la Fiscalía acordonaron la zona y se encuentran realizando la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.
Violencia contra las mujeres
Cabe recordar que el pasado martes 5 de marzo, en el municipio de Usiacurí, Atlántico, fue asesinada Lorena Patricia Avendaño Urueta, de 41 años.
La víctima fue llevada hasta el centro asistencial por su marido, pero ya sin signos vitales y presentaba rasguños en su cuello. La Fiscalía constató en desarrollo de las investigaciones que uno de los supuestos delincuentes que entró esa madrugada a la casa de la víctima sería el esposo de la mujer.
“Este hombre, junto a otra persona, habrían ingresado a la residencia con los rostros cubiertos y, aprovechando que su compañera sentimental se encontraba dormida, la habrían agredido y asfixiado; sin importar que al lado de la mujer estuviera su hija, de 12 años”, detalla el ente acusador.
Supuestamente lo que pretendía Néstor Poveda era apoderarse del celular de la mujer para revisarle llamadas y conversaciones en redes sociales. Información en poder de la Fiscalía señala que el esposo de la mujer, hoy investigado, permaneció en el sitio de los hechos y frente a su hija simuló reanimar a la víctima.
Poco antes, explica el organismo judicial, el supuesto cómplice huyó del lugar en una moto que fue encontrada abandonada en un sector despoblado de Baranoa, municipio cercano a Usiacurí.
La Fiscalía les imputó a los dos sujetos los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambos agravados. Por petición de la Fiscalía, el juez de Control de Garantías impuso a los investigados medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
