En 2016, cinco niñas de una escuela rural en Puerto Asís, Putumayo, se atrevieron a contar por primera vez sus terribles experiencias con el profesor Libar Ropero Mandón.
A pesar de su corta edad, estas niñas, algunas con apenas cinco años, relataron cómo Ropero las sentaba en sus piernas y las tocaba de manera inapropiada. Sin embargo, sus testimonios no recibieron la atención necesaria por parte de las autoridades escolares.
El rector, en lugar de actuar, minimizó los relatos, argumentando que las niñas ya eran «grandes» para oponerse y calificando las acusaciones como simples «rumores».
A pesar de la falta de apoyo inicial, la valentía de estas niñas y el respaldo de algunas madres y profesoras llevaron a que se presentaran denuncias formales ante la Fiscalía. Sin embargo, la comunidad mostró divisiones, con algunos respaldando al profesor acusado, negándose a creer que alguien tan «amigable» pudiera cometer tales atrocidades.
Ropero, un hombre conocido en la vereda por su labor como docente desde 2014, había ganado la confianza de la comunidad. Además de enseñar, proporcionaba acceso a Internet a algunas niñas y participaba activamente en eventos sociales. Esta imagen de hombre cercano y confiable dificultó que muchas personas aceptaran las acusaciones en su contra.
A pesar de los esfuerzos de las víctimas y sus familias por buscar justicia, el proceso fue largo y complicado. Ropero logró evadir a las autoridades durante más de cuatro años, desplazándose entre diferentes lugares.
Finalmente, fue capturado hace dos semanas en un puesto de control en la vía que conduce a Pitalito (Huila).
La captura del acusado es un paso importante, pero las secuelas de sus acciones persisten en las vidas de las víctimas y sus familias. Muchas niñas abandonaron la escuela y algunas incluso tuvieron que migrar debido al estigma y el trauma.
Además, la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de proteger a los menores, evidencia graves fallas en el sistema.
Las familias de las víctimas han demandado al Estado por estas fallas y buscan una reparación que incluya atención psicosocial para las niñas afectadas y cambios estructurales en las instituciones educativas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, el camino hacia la justicia y la sanación sigue siendo largo y lleno de desafíos.
