El proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez avanzará ahora con el fiscal designado, el santandereano Gilberto Iván Villarreal Pava, quien llegó al caso tras los impedimentos de Víctor Salcedo.
El nuevo fiscal del caso Uribe Vélez será el encargado de pedir, una vez más, la preclusión ante un juez, o solicitar la nueva práctica de pruebas en medio del proceso judicial en contra del líder natural del Centro Democrático, quien es acusado por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.
Será un término de 90 días en los cuales el investigador podrá decidir si acusa formalmente al exmandatario y lo llama a juicio, lo cual convertiría a Álvaro Uribe Vélez en el primer presidente de Colombia en ir a un juicio.
Villarreal Pava también sea desempeñado como fiscal asesor en la seccional de Cali, posteriormente asesor del director nacional, auxiliar del fiscal delegado ante la Corte, ingresó a la unidad nacional para la extensión del derecho de dominio contra el lavado de activos en Bogotá y en 2012 fue asignado como director de la unidad de Fiscalías de San Gil.
La génesis del caso Uribe Vélez
En julio de 2018, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dio un revés en la denuncia que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo en contra del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos.
En el auto, el tribunal resolvió que quien debía ser investigado era el mismo líder del Centro Democrático, quien para la fecha era senador de la República.
«A la Secretaría de la Sala con copia de la actuación reservada a efectos de que se investigue la presunta participación del doctor Álvaro Uribe Vélez en la manipulación de testigos”, dice el documento de 220 páginas.
La corte examinó los siete testimonios que Uribe Vélez cuestionaba y encontró que Cepeda no participó en ninguna estrategia pero que, en cambio, se encontraron pruebas de que los testigos fueron manipulados o amenazados para favorecer a otras personas.
Se trataba de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes señalaron a Álvaro y a Santiago Uribe Vélez, así como a Juan Guillermo Villegas Uribe y a Santiago Gallón, de ser los supuestos fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas y de dos masacres.
“Se demostró que el doctor Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Uribe Vélez, su hermano Santiago y otras personas, ya que, como se verá, en primer lugar actuó dentro del marco constitucional y legal”, afirmó la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, señaló que “las llamadas mencionadas dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot (…) para desprestigiar su labor legislativa y de paso las entrevistas lícitamente recogidas en ejercicio de sus funciones”.
Caso a la Fiscalía y pedido de preclusión
El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia emitió arresto domiciliario en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de su proceso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
El entonces senador pasó algunos días en su hacienda el Ubérrimo hasta que se revocó esa decisión del alto tribunal que lo investigaba desde ya hacía dos años.
Para dedicarse a su proceso, Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado de la República y al perder el fuero constitucional la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia continúo con las pesquisas.
El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, fue el primero en pedir que se archivara el proceso en contra del líder del Centro Democrático. Lo mismo hizo un fiscal más, pero los dos pedidos fueron rechazados.
