En la tarde de este miércoles, 22 de noviembre, el presidente Gustavo Petro Urrego anunció que en el año 2024 no se subirán los salarios de los altos funcionarios del Estado, toda vez que esta medida se podría interpretar como un «suicidio económico».
«Tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los $6.5 billones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los salarios en el sector público. Y son en las tres ramas del poder público, en las ramas descentralizadas», afirmó el mandatario de los colombianos.
De igual forma, el presidente afirmó que para mejorar las condiciones económicas del país se podrían disminuir los gastos de funcionamiento, pero que no afecten el Plan Nacional de Desarrollo.
«Ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. Ya veremos si se logra cubrir el hueco para aplicar el presupuesto nacional», afirmó Gustavo Petro.
Las críticas fiscales del mandatario de los colombianos se dan justamente por una decisión de la Corte Constitucional que tumbó un artículo de la reforma tributaria sobre las regalías.
Con una mayoría que solo tuvo dos votos en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo clave de la Ley 2277 de 2022, que es la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, con el que el Gobierno aspiraba a conseguir entre cinco y once billones de pesos.
Se trata de un parágrafo que añadía el artículo 19 de la ley, que indicaba hasta hoy que las regalías que las empresas mineroenergéticas pagan como contraprestación no era deducible de la base gravable del impuesto de renta.
En términos simples, las compañías que explotan recursos naturales no renovables actualmente entregan al Fondo Nacional de Regalías una parte de su dinero como contraprestación por utilizar el suelo y el subsuelo, que son recursos del Estado.
Antes de la reforma tributaria de Petro, el impuesto de renta que debían pagar se calculaba deduciendo —es decir, restando— lo que entregaban a las regiones como regalías. Lo que la Ley 2277 trajo fue una modificación al Estatuto Tributario que decía que ese procedimiento debía cambiar.
En este punto cabe resaltar que la plata que va a las regalías se invierte en las regiones, por lo que no hace parte del Presupuesto General de la Nación y el Gobierno no puede disponer libremente de ella. Las entidades territoriales son las encargadas de su administración luego de una intermediación del Departamento Nacional de Planeación.
