Pocos días después de quedar salpicado en el escándalo de Odebrecht en Colombia por cuenta de los audios de Óscar Iván Zuluaga, al registrador Alexánder Vega le aparecieron nuevos cuestionamientos.
El portal periodístico Vorágine publicó pruebas que demostrarían que una ONG que dirigía Vega mandó a la magistrada Gloria Stella Ortiz para Estados Unidos con todos los gastos pagos. Esto, meses antes de que ella le facilitara a Vega su llegada a la registraduría en octubre del 2019. ¿Le pagó el viaje con su nombramiento?
La historia es la siguiente: en noviembre del 2018 Gloria Stella Ortiz Delgado se ausentó un par de días de sus funciones como vicepresidenta de la Corte Constitucional porque viajó a Estados Unidos, en compañía del también magistrado Antonio José Lizarazo, como “invitada internacional” de una misión de observación electoral en ese país.
Esa misión estaba patrocinada por una ONG llamada Transparencia Electoral que para ese entonces tenía como director a Alexander Vega. En su permiso para ausentarse de la Corte, Ortiz dice que Transparencia Electoral pagaría los tiquetes, viáticos, traslados y demás gastos que tuvieran los magistrados durante el viaje.
De acuerdo con la invitación al evento, la agenda de Ortiz en Estados Unidos comenzó el 6 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales en ese país, con recorridos por los puestos de votación y con la participación en el Seminario ‘Elecciones Legislativas en EE.UU., ¿Fin o consolidación del paradigma Trump?’, brindado por la Universidad George Washington.
En los días siguientes estaba previsto asistir a reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Federal Election Commission (FEC) y la International Foundation for Electoral Systems (IFES).Para la segunda semana de noviembre Ortiz ya estaba de regreso en la Corte.
Siete meses después de ese viaje todo incluído, en junio del 2019, los tres presidentes de las altas cortes, entre ellos la magistrada Ortiz, cambiaron los requisitos para escoger al registrador nacional.
Antes, para escoger registrador se tenían en cuenta dos factores: la hoja de vida y una entrevista, la primera pesaba el 70% y la segunda el 30%. Pero con el cambio de criterios se incluyó una prueba de conocimientos y otra de competencias que valía, cada una, el 25%. La entrevista siguió pesando el mismo 30%, pero la hoja de vida solo quedó valiendo el 20%.
Vega fue sin duda un gran beneficiado de ese cambio en los criterios de selección, pues en la hoja de vida fue en el ítem que peor le fue cuando se postuló para el cargo junto con otras 30 personas.
Pero a pesar de ese flojo puntaje de la hoja de vida, tras presentar las pruebas, Vega quedó entre los 10 finalistas y para antes de la entrevista, según la revelación de Vorágine, iba en la quinta posición según los puntajes acumulados hasta ese momento del proceso: llevaba 453 puntos, 71 menos que Leonardo Augusto Torres Calderón, que iba liderando la tabla con 524 puntos de 700 posibles.
Pero en la entrevista con los magistrados Gloria Stella Ortiz, Lucy Jeannette Bermúdez y Álvaro Fernando García en octubre del 2019 (11 meses después del viaje a Estados Unidos) Alexánder Vega fue el mejor de todos: sacó 285 de 300 puntos posibles. Con eso le alcanzó para terminar de primero en el concurso con un total de 738 puntos.
Vorágine reveló que de esas entrevistas no quedaron grabaciones ni testigos, y que además no se realizaron en el Palacio de Justicia, donde estaban programadas inicialmente, sino en el Centro Social de Oficiales de la Policía (CESPO), en Bogotá.
Las suspicacias sobre si a Vega se le habría favorecido para llegar a la dirección de la Registraduría no son nuevas. Desde diciembre del 2019, el hoy senador Ariel Ávila había dicho en una columna de opinión publicada en Semana que era más fácil ganarse el baloto que sacar el puntaje que sacó Vega en la entrevista.
“Alexánder Vega coordina una institución que se llama Transparencia Electoral, la cual tiene un capítulo en Colombia. ¿Hubo o no un viaje con el objetivo de observar las elecciones del Congreso de Estados Unidos de 2018? ¿Cuántos y cuáles magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y la Corte Constitucional viajaron? ¿Quién los invitó y quién coordinó el viaje? Y, ¿de dónde salieron los recursos para esos viajes?”, preguntó Ávila en columna. Las respuestas tardaron más de dos años en llegar.
