Santiago Andrés Murillo, Marcelo Agredo y Alison Salazar son apenas tres de los nombres que se han hecho visibles en las jornadas de protesta de los últimos días como símbolos de excesos cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública: los dos primeros fallecieron por impactos de arma de fuego y la joven se suicidó luego de denunciar que había sido víctima de abuso sexual.
En las filas de la Policía también han sido varios los casos de agentes que han sufrido intentos de ser quemados vivos, ataques con piedras e incluso abuso sexual, como lo denunció una agente en Cali.
La Policía, como suele ocurrir en estos momentos de inestabilidad social, ha quedado de nuevo en el ojo de huracán en medio de las protestas, lo que ha llevado a que vuelvan a plantearse propuestas para reformarla, con el fin de que pueda actuar efectivamente contra quienes violen la ley, pero con unos protocolos estrictos en materia de respeto a los derechos humanos.
Los miembros del Comité Nacional de Paro, dirigentes políticos, organismos internacionales de derechos humanos y hasta el propio Gobierno han reconocido la necesidad de la reforma, pero la profundidad que debe tener y su sentido es algo sobre lo que aún no hay acuerdo.
Y eso que no es una discusión nueva. Desde 2019, cuando se produjo la muerte de Dilan Cruz con un arma que disparaba balas de goma, apuntada por un agente del Esmad, empezó a hablarse del tema, y volvió a estar sobre la mesa el año pasado, luego de la muerte de Javier Ordoñez y de los disturbios en Bogotá que dejaron un número de personas muertas que aún no ha sido establecido con claridad por la justicia.
Puntos para una reforma
El presidente Iván Duque asegura que esta reforma ya se viene dando. El gobierno sostiene que se han hecho cambios internos en la institución y se presentó al Congreso un proyecto que tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana, a través del fortalecimiento de la identidad del Policía y los derechos humanos. Esto con el respaldo y trabajo del ministro de Defensa, Diego Molano y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.
El punto principal de esta reforma, según las autoridades, es la creación de un nuevo estatuto disciplinario, donde se nivelan las normas disciplinarias con todos los estatutos de derechos humanos y se ordena a todos los policías, desde patrulleros hasta oficiales, instruirse y certificarse en Derechos Humanos.
Esto, además, tiene que ser validado por una Comisión Nacional de Estándares, ubicada al máximo nivel organizacional, como requisito para que los policías puedan obtener las distinciones y ascensos requeridos durante su trayectoria profesional.
También se implementará un nuevo uniforme de color azul para los Policías que se encuentran en zonas urbanas que cuenta con elementos reflectivos y cámaras de cuerpo o ‘bodycam’, que transmiten en tiempo real los procedimientos que atiende el uniformado.
La ‘bodycam’ se activa de forma automática cuando el uniformado utiliza su arma de fuego o Taser y su procedimiento es supervisado desde los Centros Automáticos de Despacho.
Además, esta reestructuración, cuenta con la creación de distinciones para los patrulleros por el tiempo de servicio, la profesionalización y el buen comportamiento.
Cambios insuficientes
Sin embargo, para Sofía Forero, investigadora del Centro de Estudios Dejusticia, esta reforma es insuficiente porque, según ella, el Gobierno la presenta solo por escapar de la presión mediática que ha enfrentado. “Hay que cambiar las lógicas en las que funcionan los agentes de policía en las protestas desde adentro”, dice.
Por esta razón considera que se deben tener en cuenta otros elementos para este debate. El primero de ellos es que la Policía debe salir del Ministerio de Defensa y entrar al Ministerio del Interior, con el objetivo de: “fortalecer la entidad en materia civil antes que militar”.
Agrega que se debe cambiar el fuero penal militar, porque ya la Corte Constitucional decretó que “todas las vulneraciones de derechos humanos que cometan los uniformados de la Policía, no son un acto de servicio y tienen que ir a la jurisdicción ordinaria”.
Añadió que este punto es importante no por cuestiones de transparencia sino por accesibilidad. “Porque en la justicia ordinaria los procesos son más transparentes y porque consideramos que si hay un punto de independencia judicial en la medida en que los miembros de la justicia Penal Militar son integrantes de la Fuerza Pública, entonces quizás pueda existir alguna pérdida de independencia cuando juzgan este tipo de casos”.
Por último, agrega que se debe revisar los protocolos de uso de fuerza, “pero no para cambiar las normas porque éstas se ajustan a los estándares constitucionales e internacionales sino hay que encontrar modos para que se apliquen de manera precisa”.
Es decir, según Forero, lograr mayor vigilancia de la ciudadanía y que exista mayor control de los procesos que se abren en contra de los uniformados, “porque lo que suele suceder es que estas investigaciones se demoran demasiado en concluir”.
Sin embargo, estas propuestas no convencen al exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, quien dice que no se puede desconocer que la Policía viene trabajando en una reforma interna que está bien encaminada en temas de formación, criterios más estrictos de ascenso y derechos humanos.
Será el Congreso, en últimas, el que definirá que tan de fondo son los cambios que se requieren en la Policía, pero sobre la relevancia del tema no hay duda. No es casualidad que la seguridad de los manifestantes y cómo sacar la violencia de las protestas haya sido el primer tema sobre la mesa entre el Gobierno y el Comité de Paro antes incluso de iniciar las negociaciones formales.
