El secuestro de tres fiscales y una secretaria en zona rural de Antioquia se convirtió en un nuevo sablazo para la paz total del presidente Gustavo Petro. El responsable, según la Fiscalía, es “Gonzalito”, un curtido paramilitar de la entera confianza de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, que ahora es uno de los máximos jefe del Clan del Golfo.
Tras la retención ilegal que se prolongó durante varias horas y que terminó con interrogatorios violentos a los funcionarios del ente acusador, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, responsabilizó directamente a José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, quien fue designado por el Gobierno Petro como gestor de paz hace apenas un mes.
Pero, ¿quién es ese integrante de las AGC que pasó de tener dos circulares de Interpol a liderar las negociaciones de paz de su grupo?
“Gonzalito” lleva casi toda una vida en la ilegalidad. Se crió al lado de Otoniel y ascendió en la estructura gracias a que es un hombre de su entera confianza. Tras la extradición de Úsuga se convirtió en uno de los más poderosos de las AGC y en uno de los principales proveedores de armas que ingresan por la frontera.
Además de las circulares roja y azul de Interpol, sobre “Gonzalito” pesan múltiples órdenes de captura y una recompensa de 5.000 millones de pesos que ofreció el Gobierno del expresidente Iván Duque cuando pasó a liderar el Clan del Golfo.
Con apenas un metro sesenta (1.60) de estatura y una habilidad inata para recorrer el Bajo Cauca, Gonzalito es hoy uno de los hombres más peligrosos y buscados del país.
Por eso resultó tan extraño que su nombre apareciera en una lista de 16 miembros del Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta a los que el Gobierno pedía levantarles las órdenes de captura para delegarlos como gestores de paz y que pudieran moverse por el territorio sin ser capturados.
En esa ocasión, la Fiscalía y la Casa de Nariño se enfrentaron en un choque de poderes porque, pese a la petición directa de Petro, Barbosa se negó a levantar las órdenes bajo el argumento de que ambos grupos eran de carácter “narcoparamiliar” y carecían de estatus político, por lo que dejar de perseguirlos penalmente hubiera sido inconstitucional.
Bajo ese contexto, la supuesta participación directa de Gonzalito enviaría un mensaje hostil para el presidente y su alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quienes han intentado blindar las conversaciones con esos grupos asegurando una intención de paz de sus dirigentes.
Ocho horas de secuestro
Según el relato de las víctimas, el secuestro ocurrió a eso de las 4:00 de la tarde del pasado 4 de febrero, cuando los tres fiscales y el secretario se movilizaban en la ruta Tarazá – Yarumal en una camioneta oficial. “Íbamos llegando a Valdivia cuando nos detuvieron 6 motos con dos hombres en cada una. Todos estaban armados y nos dividieron para trasladarnos hasta otro lugar”, narra uno de los informes de inteligencia.
En dicho traslado, los hombres armados habrían pasado por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes, según Barbosa, “no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.
La crisis de seguridad fue tal, que la Fiscalía General de la Nación anunció que cerró temporalmente su sede en Tarazá, Antioquia.
Por ahora, las conversaciones de paz con el Clan del Golfo siguen en vilo mientras el Gobierno se pronuncia sobre los recientes hechos. Lo que está claro es que el cese bilateral al fuego que rige actualmente entre el Gobierno y las AGC no implica frenar delitos como el secuestro, un punto que ha criticado la oposición.
