La Procuraduría General de la Nación encontró un preocupante panorama de vulneración de Derechos Humanos en la comunidad indígena de Nukak, en el Guaviare.
Además de las múltiples denuncias de abuso sexual que las autoridades habían dejado sin investigar, el ente de control se topó con problemas de desnutrición, desatención de asuntos médicos, falta de acceso a agua potable e inducción al consumo de drogas y la prostitución.
Tras una visita extraordinaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para atender la situación, la entidad reveló que encontró dentro de sus registros por lo menos 378 casos de violencia sexual ocurridos entre 2018 y 2020 contra integrantes de las comunidades indígenas del Guaviare.
Una vez se conoció esa cifra, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el ente acusador cruzaría la información con sus bases de datos para verificar si esas carpetas del Icbf fueron trasladadas a los expedientes de la Fiscalía para continuar con su debido proceso de investigación.
“De lo contrario, si hay algún vacío, iniciaríamos procesos penales por prevaricato y por omisión contra los respectivos funcionarios”, explicó el Fiscal Barbosa.
Pero las problemáticas que azotan a las comunidades indígenas del Guaviare van mucho más allá de esos casos de violencia sexual que encendieron las alarmas de los medios de comunicación y la opinión pública en las últimas semanas.
Datos de la Defensoría del Pueblo aseguran que solo el año pasado se instauraron 300 acciones de protección de derechos relacionadas con problemas para acceder a la salud, reubicación de comunidades desplazadas y desnutrición.
Sumado a todo lo anterior, la Personería Municipal de San José del Guaviare también denunció menores en condición de calle, explotación sexual, medicinad y consumo de sustancias psicoactivas que, en muchas ocasiones, “son usadas para calmar el hambre”.
Así las cosas, las autoridades municipales y regionales están solicitando una intervención urgente del Estado, pues, según ellos, la situación ya no da para ser atendida a nivel local.
De hecho, el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, aseguró que “San José del Guaviare es un municipio de sexta categoría, por lo que no tiene cómo dar una solución de fondo a lo que estamos evidenciando”.
Tras su visita, Sarmiento también insistió en que la “situación ya se salió de las manos” y que el Estado tiene que actuar de inmediato en una comunidad indígena como la Nukak que fue declarada por la Corte Constitucional como “en vía de extinción” por falta de acompañamiento estatal, concluyó el procurador delegado.
