Ante el Juez 11 con funciones de control de garantías, el fiscal 84 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá, les imputó cargos a Sergio Andrés Pitta, actual asesor jurídico de la Gobernación de Santander; Ana Lucía Wandurraga, profesional universitaria de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) y a Édgar Báez Ariza, sindicados de participar en la red de corrupción que se habría conformado en la administración de Richard Aguilar Villa, como gobernador de Santander en el periodo 2012 – 2015, específicamente por las presuntas irregularidades contractuales en el proyecto de reforzamiento del estadio Alfonso López, contrato cuyo presupuesto superó los $22 mil millones.
Para la Fiscalía, Ana Lucía Wandurraga, incurrió en prevaricato por omisión, al presuntamente haber omitido sus funciones como supervisora del contrato al conocer sobre las posibles irregularidades que se presentaban en el mismo y no tomar medidas al respecto, ni notificarlas ante las autoridades.
Así mismo, el ente acusador señaló a Sergio Pitta, de presuntamente haber incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión, al presuntamente haber “amarrado” con maniobras jurídicas los pliegos de condiciones para la licitación pública en cuestión y favorecer al contratista Octavio Reyes.
Además, el fiscal del caso señala a Pitta de cobrar coimas a Octavio Reyes y Andrés Díaz (interventor de la obra del estadio), para viabilizar de manera exprés las actas parciales del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura departamental, y así los contratistas pudieran recibir el pago de sus facturas.
Por último, la Fiscalía le endilgó cargos al arquitecto Édgar Báez por aparentemente incurrir en el delito de celebración indebida de contratos a favor de terceros, al considerar que el funcionario de la administración Aguilar Villa elaboró los pliegos de condiciones del millonario contrato, en los aspectos técnicos, a favor de Octavio Reyes.
Ninguno de los tres sindicados aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.
El ente acusador no pidió medida privativa de la libertad contra ninguno de los acusados, por lo que los tres exfuncionarios de la adminstración Aguilar Villa podrán continuar ejerciendo sus labores, varios de ellos aún en la Gobernación.
Aunque a la audiencia también estaban citados Andrés Julián Ulloa y Paula Marcela Moreno, (integrantes de Movipetrol, empresa de Artemio Suárez), e Ivy Xiomara Suárez, integrante de la interventoría del contrato, ninguno se presentó por lo que se aplazó su imputación de cargos.
