La Fiscalía imputó cargos en la mañana de este miércoles 18 de mayo a tres personas, entre ellas Edgar Báez, Ana Wandurraga y Sergio Pitta, por su presunta participación en una red de corrupción en la administración de Richard Aguilar Villa para direccionar contratos de infraestructura.
Ninguno de los tres sindicados aceptó los cargos por interés indebido de contrato y prevaricato, imputados por la Fiscalía.
En una próxima audiencia, la Fiscalía le imputará cargos a Andrés Julián Ulloa y Paula Marcela Moreno, ambos integrantes de la empresa Movipetrol y a Xiomara Suárez Gómez, integrante de la interventoría del Estadio.
Estas seis personas harían parte de la red que ajustaba los pliegos al perfil de los contratistas que querían que ganaran las licitaciones.
Dicha red, según las investigaciones, estaba dirigida por el empresario Julián Jaramillo Díaz, quien se desempeñó como asesor de despacho de Aguilar Villa.
El caso
El reforzamiento del estadio Alfonso López fue una de las últimas ‘megaobras’ contratadas por la administración de Aguilar Villa. Este contrato terminó convirtiéndose en la ‘caja de Pandora’ sobre la red de corrupción que existía en la administración de Aguilar Villa, que hoy tiene al exgobernador respondiendo ante la justicia.
Según la información recaudada por la Fiscalía y la Corte, al igual que en otras licitaciones, el “staff de infraestructura” de la administración Aguilar se puso en marcha para lograr que el millonario contrato de las obras del estadio ($22 mil millones con adiciones) le fuera adjudicado a Octavio Reyes Sarmiento, amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar, como lo había ordenado Julián Jaramillo.
Para tal fin, desde la administración Aguilar le suministró de manera anticipada el presupuesto que definiría el gobierno departamental para las obras del estadio y así Octavio Reyes elaborara el pliego de condiciones ajustado a su propio beneficio. Tarea que le fue encomendada a Andrea Carolina Núñez Castellanos, secretaria de Ingream SAS, empresa perteneciente a Octavio Reyes.
La propia secretaria de Ingream, Andrea Carolina Núñez reconoció ante la Corte que el presupuesto de obra del estadio le fue entregado a su jefe, Octavio Reyes, mucho antes de que el proceso licitatorio iniciara.
Además del contrato del estadio, Ingream, participando en consorcios, recibió otros seis contratos con la Gobernación todos durante la administración de Richard Aguilar por valor de $800 millones. Además de los contratos por cerca de mil millones recibidos por la Esant, gerenciada en ese entonces por Edwin Ballesteros.
