Se trata de un programa de la organización de investigación feminista Ladysmith en alianza con el programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por Usaid.
La estrategia que busca escuchar a las mujeres, logró 1.718 interacciones en su primera etapa, que transcurrió entre el 17 de junio y el 31 de agosto pasados.
Con estas interacciones se identificaron 72 casos de violencia, incluyendo violencia física (9%), sexual (1%), psicológica (14%), económica (18%) y generalizada (58%), incluyendo el desplazamiento forzado, la xenofobia o el maltrato no especificado.
Entre los hallazgos se determinó que el 31% de todas las personas que acudieron a la plataforma solicitó apoyo socioeconómico, incluido el acceso a la vivienda, la alimentación, las oportunidades de trabajo y las transferencias de efectivo.
Por su parte, el 39% solicitó atención de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a la planificación familiar, la atención ginecológica, la detección de enfermedades de transmisión sexual, la atención prenatal y la interrupción voluntaria del embarazo.
“Entre las grandes conclusiones consignadas en el informe, se destacan el escaso conocimiento de los servicios de prevención y respuesta a la violencia de género en la ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana entre las mujeres colombianas y venezolanas que viven aquí. Por su parte, las mujeres venezolanas sufren altos niveles de xenofobia que las ponen en franca desventaja, bloqueándoles su acceso a la seguridad y a una calidad de vida digna y libre de violencia”, aseguró Lucía Mesa, directora de Ladysmith en Colombia.
Durante la puesta en marcha del proyecto se han realizado más de 50 charlas y socializaciones de violencia basada en género en más de 15 barrios de Bucaramanga, 15 de Piedecuesta y tres de Floridablanca con un total de 1.100 mujeres capacitadas en estos temas.
El informe resalta también que las mujeres venezolanas no sólo están preocupadas por la violencia de género, sino también por otras necesidades básicas insatisfechas como el acceso a la alimentación, a una vivienda digna, a la educación y a la atención en salud.
Las que padecen enfermedades crónicas manifestaron sentirse desesperanzadas y con necesidad de apoyo médico y psicológico.
Por otro lado, revela el estudio que algunas mujeres migrantes afirman haber sufrido violencia económica y de otro tipo en el contexto del trabajo y con sus parejas sentimentales. Los relatos de las mujeres también indican que las normas de género que asignan la responsabilidad de obtener ingresos y de cuidar a los niños y a los parientes mayores hacen que algunas mujeres no busquen trabajo y, en cambio, dependan de sus parejas masculinas para obtener dinero. La falta de acceso a ingresos propios deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Según el estudio, las mujeres colombianas, y con mayor frecuencia las venezolanas, revelaron que no denuncian la violencia de género a las autoridades porque temen las represalias violentas de sus parejas. Algunas han revelado que permanecen en situaciones de violencia debido a su dependencia económica de sus parejas.
De otro lado, las mujeres colombianas en particular han señalado su frustración con las continuas brechas en las rutas de atención al denunciar la violencia de género.
Las mujeres venezolanas también han pedido que se haga un seguimiento del acceso a los servicios para los migrantes específicamente, así como de los servicios de atención ante la violencia de género.
