Este martes, el exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, acude a una audiencia preparatoria ante un juez, por el caso conocido como Vitalogic, en el que, según la investigación de la Fiscalía, Hernández habría intervenido para presuntamente direccionar un contrato por más de 250 millones de dólares, para adoptar una tecnología alternativa de manejo de los residuos sólidos en relleno sanitario El Carrasco. Por estos hechos la Fiscalía le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Hoy 30 de noviembre Hernández deberá presentarse ante un juez penal de Bucaramanga, en audiencia preparatoria, en la que la Fiscalía mostrará sus argumentos y pruebas en contra del exmandatario. En la misma audiencia la defensa de Hernández presentará sus alegatos para desvirtuar la acusación de la Fiscalía. Será entonces el juez quien determine la responsabilidad del hoy precandidato en los hechos que se le endilgan.
Los hechos
En noviembre de 2017, ante la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación, se radicó una queja disciplinaria en contra de Rodolfo Hernández, en la cual se señaló a su hijo Luis Carlos Hernández de presuntamente suscribir un contrato de corretaje para gestionar la firma del millonario contrato que se daría entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y Vitalogic RSU, una multinacional de capital extranjero con oficinas en Bogotá, pero que, por intervención de la Procuraduría, no se celebró.
Luis Andelfo Trujillo, contratista en este caso, denunció ante la Procuraduría y ante la Fiscalía que entre Luis Carlos Hernández y otros particulares, firmaron el corretaje en el que supuestamente pactaron repartir comisiones si se adjudicaba el millonario contrato de tecnificación del manejo de las basuras.
Según Trujillo, las comisiones irían dirigidas al hijo del exalcalde y a Jorge Hernán Alarcón, abogado que fue contratado por la Emab como asesor para la proyección de los pliegos del contrato, en una concesión por 30 años.
Por este caso, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga formuló pliego de cargos contra José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, por el posible desconocimiento del principio de imparcialidad propio de la función pública.
Frente a este caso, Vanguardia denunció la suplantación de las propuestas y las hojas de vida de dos ingenieros de Bogotá para completar una terna de la que saldría la persona que haría los pliegos de la licitación pero que al final terminarían favoreciendo la elección de Alarcón, como la persona encargada de elaborar los estudios y pliegos para abrir la millonaria licitación para el manejo de las basuras.
Hernández y la candidatura
Las últimas encuestas han mostrado a Rodolfo Hernández fortalecido políticamente, escalando y posicionándose en varias mediciones como el segundo o tercero en intención de voto para llegar a la Casa de Nariño en 2022.
Para el analista político Gerardo Martínez, esta audiencia no representará un “peligro” para la candidatura presidencial de Hernández.
“Este proceso le puede ser más favorable que cuestionable a Rodolfo. Mucha gente se solidariza con quienes son investigados, bajo el argumento de que son perseguidos políticos”, señaló el experto.
Entre tanto, desde orillas opositoras al exalcalde de Bucaramanga, utilizan esta diligencia judicial para atacarlo, como es el caso del exalcalde de Medellín y también precandidato Federico Gutiérrez, quien en un reciente debate cuestionó a Hernández por tener que asistir a la audiencia por posibles hechos de corrupción.
Las sanciones de Rodolfo
En 2019, la Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra, señalándolo de interés indebido en la celebración de contratos por posibles irregularidades relacionadas con el proceso de contratación de Vitalogic.
En agosto de 2019, la Procuraduría sancionó al exalcalde de Bucaramanga durante ocho meses por agredir físicamente al exconcejal Jhon Claro.
Durante ese mismo año el Ministerio Público sancionó y suspendió por dos meses a Hernández, por tratar con irrespeto a un funcionario de la Alcaldía.
Otra de las actuaciones disciplinarias en contra de Hernández se dio por no tratar con respeto la dignidad humana. Por este hecho la Procuraduría lo suspendió cinco meses en 2020.