Que la plata no va alcanzar, que no hay avance, que Concay SA no entrega información, que el Instituto Nacional de Vías no responde, son las quejas más comunes escuchadas en San Gil sobre el proyecto de la variante. Desde el alcalde de San Gil, pasando por la Personería Municipal, hasta los gremios, vienen repitiendo las denuncias una y otra vez.
Las mismas fueron confirmadas por la veeduría organizada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que ayer entregó un informe desalentador y en la misma línea de todo lo hablado en los últimos meses.
Lo primero para decir y hacer claridad a los residentes de San Gil y la provincia Guanentá es que la obra no sería entregada en 2023, como estaba previsto.
Hasta ahora, tras el reinicio de la obra en julio de 2020, la variante tiene apenas un avance del 5,5%, según el informe técnico de la veeduría.
El proyecto adjudicado en 2018 tenía un tiempo de ejecución pactado de 54 meses, de los que hasta ahora van 37. Es decir, que mientras el avance de obra no llega ni al 10%, el tiempo transcurrido de ejecución es del 68%.
“Para hacerlo de manera clara, para hablar del nivel de atraso, si uno tuviera que calificar de 1 a 10 estamos bien rajados en el cumplimiento del cronograma, por ahí 1,8”, aseguró Juan Carlos Rincón, director de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
No hay plata
Con todos estos antecedentes lo claro es que los $183.000 millones destinados inicialmente para el proyecto tampoco van a alcanzar.
Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde de San Gil, ha insistido en varias ocasiones sobre este punto, solicitando que se aclare cual es el alcance real del proyecto, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta.
Justamente uno de los problemas ha sido recibir información, así lo constató la veeduría de la Cámara de Comercio, desde donde se afirmó la dificultad para recibir respuestas y si llegan no son completas.
En una visita relámpago hecha en enero pasado a San Gil por la vicepresidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, habló de la necesidad de hacer una adición presupuestal cercana a los 100.000 millones al proyecto.
