A finales de agosto de este año, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, presentó ante la junta directiva de Metrolínea el documento mediante el cual oficializaba la liquidación del Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores. En esa oportunidad, el mandatario se comprometió a que a más tardar en el mes de septiembre presentaría ante el Concejo Municipal el proyecto de liquidación y reestructuración de la entidad. Hoy, a solo un par de semanas para que el cabildo clausure su tercer periodo de sesiones ordinarias, y poco más de un mes para que el gobierno Cárdenas termine su mandato, la iniciativa ni siquiera ha sido radicada.
Aunque el proyecto de liquidación continúa bajo reserva, Q’hubo pudo constatar que el documento final para construir la hoja de ruta de liquidación y creación del nuevo ente gestor, que hoy está ‘varado’ en el despacho del alcalde, fue elaborado por una de las firmas del exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien en los últimos años se convirtió en el consultor estrella de la Alcaldía.
Entre otros controvertidos procesos, Robledo asesoró jurídicamente la polémica contratación directa por más de más de $140 mil millones para obras de gestión de riesgo, a través de la figura de la urgencia manifiesta, que ha sido ampliamente cuestionada por varios sectores.
En el caso de la consultoría para la liquidación de Metrolínea, expertos consultados por esta redacción detectaron posibles irregularidades como una presunta tercerización, posible falta de idoneidad del contratista y hasta una ‘puerta giratoria’ para contratar de manera directa. Se trata del contrato de asesoría 072 de 2023, mediante el cual la administración municipal pagó $185 millones para sentar las bases de la liquidación y reestructuración del Ente Gestor, asesoría que incluso quedaría ‘amarrada’ para que el gobierno entrante tenga que continuar ejecutándola con el actual contratista.
El súper asesor
En septiembre de este año, Metrolínea contrató a la firma Robledo Abogados, la cual pertenece al exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, para el asesoramiento jurídico necesario para la liquidación del Ente Gestor e incluso dejar los proyectos de acuerdo para la conformación del nuevo ente que incluiría a Floridablanca, Girón y Piedecuesta, además de Bucaramanga.
El contrato de prestación de servicios tiene un valor de $185 millones que provienen de transferencias hechas por el municipio de Bucaramanga al actual Ente Gestor y contempla una duración de cuatro meses, que se cumplirían el 30 de diciembre de 2023.
Aunque el plan de trabajo aprobado por Metrolínea planteaba que antes del 30 de diciembre quedaría lista la junta liquidadora del ente gestor del Sitm, esos tiempos no se cumplirían puesto que su ejecución está ‘varada’ en su primera fase: la radicación del proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal de Bucaramanga para que se decrete la supresión y liquidación.
El nombre de Robledo Abogados S.A no es desconocido para la administración municipal. Dicha firma ha obtenido contratos, bajo la misma modalidad, por más de $270 millones en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, entre 2021 y 2023, para el asesoramiento de la Alcaldía en contratación estatal y asuntos de transparencia.
Según el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, la Alcaldía de Bucaramanga celebró con Robledo Abogados los contratos: 866 del 2021, el cual inició costando $72 millones, pero tras varios adicionales terminó costando $108 millones, para ser ejecutado en ocho meses; y 1387 de enero de 2022, por valor de $72 millones y un plazo de ejecución de seis meses. En la misma vigencia, la administración municipal le adjudicó el 3511 del 2022, por valor de $32 millones para ser ejecutado en dos meses y medio; finalmente, el pasado 16 de junio la Alcaldía suscribió un nuevo contrato, el 2421, por valor de $60 millones y un plazo de ejecución de cinco meses.
Los cuatro contratos tuvieron como objeto la prestación de servicios como asesor de despacho del alcalde Cárdenas, para brindar asesoría en materia de contratación estatal, derecho a la libre competencia, prevención y detección de prácticas colusorias y anticorrupción.
Entre algunas de sus labores, Robledo estuvo asesorando al Municipio en la expedición del Decreto 195 del 18 de noviembre del 2022, por el cual “se declara una situación de calamidad pública en zonas rurales y urbanas del municipio de Bucaramanga por la segunda temporada de lluvias 2022- Fenómeno de la Niña”.
Con base en dicho decreto, la administración municipal, con la asesoría de Robledo Abogados, firmó una serie de contratos para ejecutar obras de mitigación de riesgo por más de $140 mil millones, todos de manera directa, es decir, sin convocatorias públicas, hechos que fueron ampliamente criticados por veedurías ciudadanas, expertos en contratación y líderes ambientales.
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Cambios en requisitos
Frente al proceso de contratación de la firma Robledo Abogados S.A, uno de los puntos que no coincide entre la invitación, los estudios previos y el acta de contrato suscrito es el tiempo de antigüedad que debía tener la persona jurídica contratada.
En la invitación enviada por la gerente de Metrolínea, Yolima Espinel Blanco, el pasado 31 de agosto, a la firma Robledo Abogados S.A, se encuentra como primer ítem de perfil y experiencia que la persona jurídica a contratar debía tener una antigüedad mayor a 10 años.
Sin embargo, esa empresa fue constituida en octubre de 2018, según los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá.
A diferencia de la invitación, firmada por Espinel Blanco, en los estudios previos y acta de inicio del contrato ese indicador de antigüedad es de cuatro años para la firma contratada.
Ante ese punto, y al ser consultado por Vanguardia, el abogado Robledo respondió que la experiencia de los socios de la firma sirve a la compañía para cumplir con ese procedimiento de contratación. “Tengo 37 años de experiencia. Entonces ese tiempo sirve a la compañía para surtir un contrato estatal”, respondió.
Invitación directa para asesorar
Por su parte, como vocera de Alcaldía, la jefe de Gobernanza de Bucaramanga, Saharay Rojas, respondió que desde la administración municipal siempre se tuvo en cuenta que el exsuperintentendente Robledo del Castillo estuviera al frente de este proceso.
“El alcalde (Juan Carlos Cárdenas) y obviamente Metrolínea le hace la invitación a Pablo Felipe (Robledo del Castillo) no por una cosa diferente a su experticia, de venir de ser Superintendente de Industria y Comercio, ser experto en liquidaciones, académico, exviceministro, con toda la capacidad técnica y jurídica de poder hacer esa tarea en reconocimiento y cabalidad”, explicó Rojas.
Además, la jefe de Gobernanza detalló el papel de Robledo del Castillo en la asesoría a Cárdenas en asuntos relacionados con la contratación de gestión del riesgo por la declaratoria de calamidad pública en noviembre de 2022.
“Esta persona ha sido nuestro asesor, no solamente en este caso (Metrolínea), sino ha sido nuestro asesor en contratación estatal de la Alcaldía Bucaramanga en temas de transparencia durante todo el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Es decir, es una persona conocida para nosotros. Nos ha asesorado en temas de contrataciones estatales, en temas de gestión del riesgo y en todos los temas sensibles de contratación pública, así que es una persona que ha sido ampliamente reconocida no solamente por su trayectoria, sino por su transparencia y su experticia”, precisó.
Vanguardia intentó obtener respuesta por parte del Ente Gestor, sin embargo, desde esa entidad indicaron que por órdenes de la administración municipal de Bucaramanga esa información debía ser abordada con la Alcaldía.
Desde el gobierno local señalaron que esta decisión obedece a una “línea de comunicación” puesto que es una información que se ha definido que salga desde el mismo despacho y equipo asesor del Alcalde. No obstante, añadieron que el abordaje técnico, financiero y jurídico lo adelantan los funcionarios del Ente Gestor.
Las ‘estaciones’ para la liquidación
Desde su objeto, este contrato de asesoramiento da luces de lo que sería el “paso a paso” de la liquidación del Ente Gestor del Sitm. Según lo anterior, serían tres las fases de este proceso.
La primera consiste en la preparación y expedición de un acuerdo en el Concejo de Bucaramanga que decrete la supresión de la entidad y ordene su liquidación.
Surtido este paso, según se contempla en el contrato, se facultaría al Alcalde de Bucaramanga para liquidar el Ente Gestor y expedir el reglamento de dicho proceso.
En ese mismo acuerdo municipal se crearía el nuevo ente a cargo de la gestión del Sitm. Además, dicha asesoría jurídica elaboraría los proyectos de acuerdos municipales que permitan a los demás alcaldes del área metropolitana (Floridablanca, Girón y Piedecuesta) constituirse en accionistas del nuevo Ente Gestor.
En la segunda fase, Robledo Abogados prepararía el proyecto de decreto municipal por medio del cual el alcalde de Bucaramanga ejecute la disolución y liquidación ordenada por el Concejo de Bucaramanga y se apruebe el reglamento de la liquidación.
Además, en esta segunda fase, se alistarían los actos administrativos de nombramiento de liquidador, revisor fiscal y junta liquidadora.
Finalmente, la tercera fase consiste en brindar asesoría jurídica al liquidador para la presentación del proyecto y durante la misma etapa de liquidación.
Al estar dividido por fases, el abogado Pablo Felipe Robledo del Castillo señaló que no hay inconvenientes con una posible extensión en el tiempo de ese contrato, pues los pagos fueron acordados por el cumplimiento de cada fase.
Proyecto de acuerdo ‘varado’ en el despacho
Al ser consultados por esta redacción tanto el consultor Robledo como Saharay Rojas, jefe de Gobernanza de la Alcaldía, para conocer los avances sobre esa primera fase del asesoramiento, ambos confirmaron que el documento está listo y en manos de la administración municipal.
Por su parte, Robledo del Castillo indicó que desde hace varios días el proyecto de acuerdo municipal para la supresión y con miras a la liquidación del Ente Gestor se encuentra en manos del Alcalde de Bucaramanga, luego de algunos ajustes y modificaciones.
“Ese documento ya está totalmente listo y será él (alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey) quien decida cuándo lo presenta”, aseguró el exsuperintentendente.
¿Por qué no baja el proyecto al Concejo?
Aunque ambos admiten que el documento del acuerdo ya se encuentra en el despacho del Alcalde, que debería radicarlo ante el Concejo Municipal, ese paso no se ha cumplido, entre otras razones, por efectos de la campaña electoral y los resultados de los comicios del 29 de octubre, en los que fue elegido el nuevo alcalde y la recomposición del Concejo.
“Por la importancia de este proyecto, al iniciar las sesiones y, más bien, las elecciones hemos decidido esperar para hacer la revisión con el equipo empalme, con la finalidad de que una vez se definan cuáles son las posiciones se haga la radicación del proyecto”, explicó la jefe de Gobernanza.
Ese proyecto de acuerdo sería presentado a la comisión de empalme del alcalde electo Jaime Beltrán.
Tiempos no cuadran para el trámite en el Concejo
El concejal del Partido Liberal, y presidente del Concejo de Bucaramanga, Javier Ayala Moreno, señaló que los tiempos para que el proyecto de acuerdo sea debatido y aprobado por el Concejo Municipal no se cumplirían acorde a lo planteado en principio por la administración municipal. Además, porque las sesiones ordinarias del Concejo finalizan el próximo 30 de noviembre, es decir, 18 días después de publicado este artículo.
En ese sentido, el presidente de la corporación planteó que se realicé un debate de control político para darle claridad al proceso de liquidación. Dudas sobre cuánto podría costar ese procedimiento, cuánto llegaría a valer la creación del nuevo ente gestor, entre otras, son las que a juicio de Ayala Moreno deben resolverse antes de tramitar un proyecto de acuerdo para autorizar al Alcalde en la liquidación.
Según el concejal Ayala Moreno ese debate debe contar con la presencia de delegados de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte y la Procuraduría General de la Nación.
Contrato de consultoría para el 2024
Frente a la duración del contrato de asesoramiento jurídico y la posibilidad de que el cronograma para acompañar la liquidación no se cumpla, Robledo del Castillo señaló que no existen inconvenientes para extender el contrato en tiempo porque está dividido por fases.
“Es muy probable que ese contrato de asesoramiento termine prorrogándose para el año 2024”, asegura.
Tras la fallida negociación con los acreedores, finalizada en marzo de este año, y las diversas consultas ante autoridades nacionales, la Asamblea General de Accionistas de Metrolínea, celebrada el pasado 23 de agosto, determinó que se debía liquidar el Ente Gestor.
Luego de esa reunión el Alcalde Bucaramanga y presidente de dicha asamblea, envió un oficio a la gerente de Metrolínea, Yolima Espinel Blanco, para que adelantara los trámites necesarios para llevar a cabo la liquidación.
En el plan de trabajo de este contrato, aprobado por el secretario general del Ente Gestor, Fabricio López, contemplaba que entre el primero y el 30 de septiembre se debía presentar el proyecto de acuerdo municipal al Concejo para facultar al Alcalde de Bucaramanga en la supresión o liquidación del Ente Gestor.
No obstante, al cierre de esta edición dicho proyecto no había sido presentado públicamente ni radicado ante el Concejo de Bucaramanga.
