Tras varios años de agonía y haberse convertido en uno de los más grandes problemas para las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga y el peor fracaso en la historia del transporte público en la ciudad, Metrolínea se liquidará.
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El próximo miércoles 23 de agosto se reunirá la Asamblea de Accionistas del ente gestor para tomar la determinación definitiva sobre su liquidación, después de once años de funcionamiento y haber sido presentado como el gran futuro del transporte para los bumangueses.
La falta de liquidez, varios laudos en contra, el poco flujo de pasajeros, el mal manejo administrativo, la incertidumbre jurídica y la pandemia del COVID-19, desataron toda una crisis financiera y operativa que hoy tienen a Metrolínea al borde de la parálisis total.
Una reestructuración fracasada
Tras la frustrada negociación de Metrolínea S.A. y sus acreedores para pagar las deudas, superiores a los $300 mil millones, el pasado mes de marzo la Superintendencia de Transporte dio por terminado el proceso de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 y pidió la liquidación del ente gestor.
“Considerando que conforme el acta No.008 del 14 de marzo de 2023, remitida a este Despacho por el señor Promotor, a través de correo electrónico del 21 de marzo de 2023, dando alcance al “Informe Final del Promotor” del 13 de marzo, y que dicha acta formaliza el fracaso de la negociación de la Sociedad Metrolínea S.A. y sus acreedores, dando por terminado así el proceso de reestructuración, adelantado en el marco de la Ley 550 de 1999, este Despacho, en consecuencia, le requiere la implementación de un Plan de Acción”, dice la misiva de la Supertransporte.
En la misma carta, la entidad de vigilancia otorgó un plazo de cinco días a Metrolínea para que presentara un plan de acción detallado sobre las estrategias que implementaría para garantizar la continuidad de la prestación del servicio y de paso sugirió que debía ser el Concejo de Bucaramanga, como “órgano competente” el que debía llevar a cabo dicha liquidación.
Millonaria capitalización
Aunque las directivas de Metrolínea diseñaron un plan de salvamento para evitar su inminente liquidación, dichas acciones requerirían de un gran aporte de los accionistas del ente gestor, es decir, los municipios del área metropolitana, especialmente Bucaramanga, como socio mayoritario de la entidad.
Así lo expuso ante el Concejo de Bucaramanga, Yolima Espinel Blanco, gerente de Metrolínea, al afirmar que el plan que se diseñó para salvar la empresa requiere más de $600 mil millones para efectuar el pago de deudas, varias demandas, y costear las inversiones que necesita prontamente el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, para mejorar el servicio y recuperar pasajeros.
Además de las deudas por más de $300 mil millones que acumula Metrolínea, también se requieren recursos para cubrir demandas en contra de la empresa que suman cerca de $100 mil millones.
Es decir, para salvar a Metrolínea se debería hacer una multimillonaria capitalización, lo cual implica que sus socios tengan que aportar los recursos. El posible plan de salvamento requeriría una inversión cercana a la mitad del presupuesto del municipio de Bucaramanga para la vigencia 2023, que fue de $1,3 billones.
Liquidación inminente
Cinco meses después de la orden de la Superintendencia, la Alcaldía de Bucaramanga, como socio mayoritario de Metrolínea, citó a la asamblea de accionistas, que para esta ocasión tiene un objetivo central: aprobar la liquidación.
Según, Saharay Rojas Téllez, jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, el desequilibrio financiero del ente gestor y las finanzas de los municipios no permiten continuar con el funcionamiento de Metrolínea.
“Al no existir acuerdo de acreedores, sumado a la situación financiera de los pasivos, Metrolínea se encuentra en causal de liquidación obligatoria”, explicó.
No obstante, la funcionaria asegura que dicha liquidación no afectará el servicio para los cada vez más pocos usuarios que usan el sistema. “La liquidación es independiente de la prestación del servicio público de transporte, que se seguirá garantizando a los ciudadanos”, dijo la jefe de Gobernanza a Qhubo.
Creación de un nuevo ente gestor
Vanguardia pudo establecer que paralelamente a la propuesta de liquidación, el municipio de Bucaramanga (socio mayoritario de Metrolínea), presentará a consideración de los demás miembros de la asamblea de accionistas la creación de un nuevo ente gestor que administre y planifique el transporte masivo en la ciudad.
Es decir, esta nueva entidad coordinadora reemplazaría a Metrolínea y se pondría al frente de todas las operaciones del sistema de transporte masivo que debería hoy estar operando en los cuatro municipios del área metropolitana.
El argumento que plantea la Alcaldía de Bucaramanga es que se necesita obligatoriamente la constitución de un nuevo ente gestor para poder garantizar el apalancamiento de recursos del Gobierno Nacional.
Sin flota para operar
Sumado a los problemas financieros, la grave crisis que atraviesa Metrolínea también originó serios impactos negativos en la flota del sistema. Desde el inicio de la fase II, el Sitm que opera en la capital santandereana no ha recibido nuevos vehículos.
En lugar de incorporar más automotores, renovar y fortalecer su flota, en la última década Metrolínea perdió la mayoría de los vehículos de los que disponía y prácticamente se quedó sin buses para el cubrimiento de sus rutas.
De acuerdo con los datos más recientes del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, (autoridad de transporte en la ciudad), el ente gestor perdió el 85,2 % de los buses que disponía para su operación.
Además de esta significativa pérdida en su flota, los pocos vehículos que quedan en operación están próximos a cumplir su vida útil y tienen múltiples fallas.
Para hacerse una idea, cuando Metrolínea llegó a Piedecuesta en 2012, había disponibles 237 vehículos de color verde para cubrir la demanda de pasajeros y las rutas. Además de los 29 articulados, se habilitaron 102 padrones y 106 alimentadores.
Los anuncios de las autoridades causaron una gran expectativa. Además de usar buses menos contaminantes, también se incorporaron tecnologías para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad. Los elevadores para personas en sillas de ruedas configuraron un gran avance. Ninguna otra empresa de transporte urbano en el área ofrecía estas alternativas.
Sin embargo, con el pasar de los años, la falta de recursos para invertir en la compra de nuevos automotores y la reparación de los anteriores, condujo a que en vez de aumentar, se fuera disminuyendo progresivamente la flota de vehículos para prestar el servicio público, situación que obligó a las autoridades a recurrir a los buses convencionales para mantener la oferta.
Según datos oficiales, hoy el 76 % de las rutas de Metrolínea operan con buses del transporte público convencional, más de un centenar de buses urbanos fueron incorporados al funcionamiento del sistema masivo en la ciudad.
“La autoridad de transporte metropolitano ha validado la disponibilidad de aproximadamente 129 capacidades transportadoras del TPC (buses) para su operación en el esquema de servicios complementarios del Sitm, llegando a conformar aproximadamente el 76 % de su flota operacional”, informó el AMB.
Con corte a marzo de 2023, Metrolínea disponía de 35 vehículos para el cubrimiento de rutas. En 2021, cuando se caducó el contrato entre el Ente Gestor y el operador Movilizamos, el Sitm perdió el 41 % de su flota.
Al final, en la práctica, se ha tenido una pérdida de la capacidad operativa equivalente al 85,2 %, según el AMB.
Frente a la crisis que sufre Metrolínea y luego de la reunión a la que asistió en Bogotá, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, informó que en reunión con el ministro de Transporte, William Camargo Triana, se evaluaron los escenarios con los que busca solucionar las dificultades financieras y de operación que tiene Metrolínea, y la hoja de ruta para adquirir flota eléctrica propuesta por el Gobierno Nacional.
Nuevo convenio de recaudo
A finales del mes de julio, las directivas del AMB informaron sobre la firma de un nuevo convenio con el Área Metropolitana de Barranquilla, con el objetivo de conocer la experiencia exitosa en la capital del Atlántico e implementar en Bucaramanga el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, Sitme.
“Este sistema va a contar con un nuevo ente gestor, llámese Metrolínea o uno nuevo, como se determine, e infraestructura que tendrá inversión pública, con apoyo de la Nación”, explica César Camilo Hernández, director del AMB.
Según el directivo, con este Sitme se tendría un recaudo integrado, que sería administrado por el AMB, ente que ejerce como autoridad de transporte en el área.
“Hemos avanzado en este convenio, en transferencia de conocimiento sobre todo lo que se aplica en el caso de éxito de Barranquilla, para que podamos implementarlo tanto en el masivo como el TPC (buses convencionales)”, dijo Hernández.
A través de esta alianza también se implementarían ajustes técnicos para el mejoramiento de la operación y el servicio de transporte urbano en la ciudad.
En este proceso de estructuración del Sitme se contemplaron varias fases para la materialización de la estrategia que promete mejoras en el servicio.
“El nuevo esquema comprendería la integración intermodal, la ampliación de la cobertura del servicio, el sistema de recaudo, la adquisición de flota eléctrica y la priorización de corredores estratégicos para el transporte público”, explica Hernández.
Alerta financiera
Pero la inminente liquidación de Metrolínea también podría tener repercusiones negativas para las finanzas de Bucaramanga.
Así quedó evidenciado luego de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings, a través de un comunicado, anunciara que colocó en observación negativa la calificación nacional de largo plazo de ‘AAA(col)’ del Municipio de Bucaramanga, debido a la incertidumbre suscitada en el mercado por lo que sería la liquidación de Metrolínea S.A., que es el ente gestor del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.
Aunque voceros del gobierno municipal insisten en que las deudas de Metrolínea superan los $300 mil millones, para Fitch Ratings las obligaciones del Ente Gestor estarían por encima de los $500 mil millones.
“De acuerdo con la administración, la empresa posee pasivos que pueden superar los $500.000 millones, pero no se conoce con certeza el monto exacto. Aunque no se puede afirmar que el Municipio de Bucaramanga será responsable por los pasivos de Metrolínea, Fitch opina que existe un riesgo aún no cuantificable para Bucaramanga por la liquidación inminente de la empresa, dada su condición de accionista principal”, detalló el reciente informe de la calificadora Fitch Ratings.
Por tanto, la agencia determinó que podría tomar una acción negativa sobre la calificación de Bucaramanga en caso de observar una probabilidad elevada de que este riesgo, se materialice e impacte las métricas de sostenibilidad, de modo que comparen desfavorablemente con las de sus pares de calificación.
“Dada la incertidumbre asociada a esta situación, la resolución de la Observación Negativa puede prolongarse más de seis meses”, precisó el comunicado.
Para el analista financiero, Diego Palencia, está advertencia previa de la firma calificadora es una opinión profesional que busca poner en sobre aviso las vulnerabilidades que podría presentar las finanzas municipales ante la liquidación del Ente Gestor.
“Una calificación de riesgo de crédito de Fitch es una opinión profesional sobre indicadores base de evaluación que en este caso muestran vulnerabilidades de sostenibilidad por pasivos o contingencias de Metrolínea. Esta opinión informa al mercado de sus puntos de vista, parámetros y genera una alerta de revisión del caso Metrolínea. Es natural, no hay nada critico, pero sí existe vulnerabilidades que deben ser monitoreadas por los agentes involucrados: y que deben ser revisadas nuevamente en seis meses”, explicó Palencia.
El fracaso de Metrolínea deja muchas lecciones a la ciudad, pero también un gran interrogante: ¿quiénes deben dar la cara y responder por todo este desastre?
Sistema en quiebra
Siete años después del laudo arbitral que perdió Metrolínea por la fallida construcción de la estación de Papi Quiero Piña, PQP, el ente gestor aún no ha pagado, ni total, ni parcialmente la obligación, por falta de liquidez.
Según el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, emitido el 18 de febrero de 2016, Metrolínea está obligado a cancelar a Urbanas – Estaciones Metrolínea, $134.147 millones, más intereses, como compensación por la suspensión de las obras de construcción de todas las obras del Portal PQP en Floridablanca.
El Tribunal determinó que Metrolínea tendría 18 meses para pagar el 50 % del monto total de la condena, es decir, una cifra cercana a los $70 mil millones. El plazo se cumplió el 9 de septiembre de 2022, una vez ejecutoriada la decisión del laudo arbitral.
Para la Contraloría General de la República, la fallida construcción del portal de Metrolínea PQP es uno de los peores ‘elefantes blancos’ de Santander, con un valor total de $98.499 millones, que tiene un avance físico de solo 24 % y financiero de 41 %, y es considerado una obra inconclusa.
Según datos oficiales, las deudas de Metrolínea alcanzan los $300.000 millones, razón por la cual el ente gestor es inviable y debe ser liquidado. Del total de esta deuda, $149.000 millones corresponden a la fallida construcción del portal PQP en Floridablanca, que el ente gestor perdió en una disputa legal y que deberá desembolsar como compensación al contratista.
Así mismo, otra de las millonarias obligaciones corresponde a la deuda con el concesionario Movilizamos, a quien Metrolínea le debe cerca de $111 mil millones.
Aumento de la deuda
En el informe financiero la firma evaluadora Fitch Ratings señala que la liquidación de Metrolínea podría ahondar la deuda pública del municipio, que en la vigencia 2022.
“Al cierre de 2022, la deuda directa de Bucaramanga era de cerca de $263 mil millones correspondientes a créditos otorgados por la banca local. Los vencimientos de estos créditos están distribuidos entre 2025 y 2032. Aproximadamente 77 % de los pagos a capital están programados entre 2024 y 2028. El indicador de vida promedio de la deuda, calculado al cierre de 2022, es de 4,5 años. La administración espera un incremento bruto de la deuda cercano a $132 mil millones a partir de 2023, correspondientes a desembolsos por aproximadamente $52 mil millones y un crédito por contratar por hasta $80 mil millones. Estos incrementos ya habían sido tenidos en cuenta en revisiones de calificación anteriores”, agrega en su informe Fitch Ratings.
