En octubre del 2021, el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, con ladrillo en mano, posó para las cámaras inaugurando oficialmente el comienzo de las obras de modernización de la cancha del barrio La Cumbre, una de las comunidades más tradicionales y reconocidas del municipio.
Aunque según el contrato firmado, el escenario deportivo debía estar construido cinco meses después, es decir, en marzo del 2022, hoy ya han pasado catorce meses y la obra, para la cual se destinó un presupuesto superior a los $4 mil millones, sigue siendo solo la promesa de un gobernante.
En la remodelación de la histórica cancha de La Cumbre, como dice el dicho, todo comenzó mal y hasta ahora todo va mal. Desde su inicio el proceso licitatorio, que terminó beneficiando a un contratista cercano a la administración del alcalde Moreno, tuvo cuestionamientos. Veedurías denunciaron falta de planeación, reiteradas suspensiones injustificadas, un silencio incomprensible del interventor del contrato y millonarias adiciones presupuestales.
Licitación de uno
El 14 de junio de 2021, la administración de Miguel Ángel Moreno, a través del Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, instituto descentralizado, dirigido por el controvertido abogado Julio César González, aperturó el proceso licitatorio para contratar las obras de modernización de la cancha de La Cumbre, con un presupuesto inicial de $2.776 millones y un plazo máximo de ejecución de cinco meses.
Aunque al cierre de la licitación tres oferentes presentaron sus propuestas para ejecutar el millonario proyecto, finalmente, tras un cuestionado proceso de evaluación, el contrato terminó adjudicado a la firma Proyectos e Ingeniería de Vías, Proinvias SAS, representada legalmente por Johany Alberto Ramírez Otero, uno de los contratistas ‘estrella’ de la administración Moreno, en medio de denuncias y señalamientos de un presunto direccionamiento.
De los tres oferentes interesados, la firma Servicios Técnicos en Proyectos SAS, no presentó gran parte de la documentación exigida por el pliego de condiciones, incluso, en el primer informe de evaluación su propuesta fue rechazada.
Sin embargo, el hecho más llamativo para veedurías ciudadanas en Floridablanca tiene que ver con la evaluación final en el proceso licitatorio, ya que si bien la Unión Temporal CBT Florida 2021, un consorcio de empresas cucuteñas con amplia experiencia en el sector público de Norte de Santander, tenía la mejor puntuación, al final no radicó el “incentivo a personas en condición de discapacidad”, un requisito básico que otorgaba 10 puntos, según el pliego de la licitación. Como resultado de dicho olvido, Proyectos e Ingeniería de Vías, Proinvias SAS, señalada por las mismas veedurías como uno de los protagonistas del ‘Carrusel’ de concesiones a 20 años denunciado en el BIF, resultó ganador.
El 14 de junio de 2021, la administración de Miguel Ángel Moreno, a través del Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, instituto descentralizado, dirigido por el controvertido abogado Julio César González, aperturó el proceso licitatorio para contratar las obras de modernización de la cancha de La Cumbre, con un presupuesto inicial de $2.776 millones y un plazo máximo de ejecución de cinco meses.
Aunque al cierre de la licitación tres oferentes presentaron sus propuestas para ejecutar el millonario proyecto, finalmente, tras un cuestionado proceso de evaluación, el contrato terminó adjudicado a la firma Proyectos e Ingeniería de Vías, Proinvias SAS, representada legalmente por Johany Alberto Ramírez Otero, uno de los contratistas ‘estrella’ de la administración Moreno, en medio de denuncias y señalamientos de un presunto direccionamiento.
De los tres oferentes interesados, la firma Servicios Técnicos en Proyectos SAS, no presentó gran parte de la documentación exigida por el pliego de condiciones, incluso, en el primer informe de evaluación su propuesta fue rechazada.
Sin embargo, el hecho más llamativo para veedurías ciudadanas en Floridablanca tiene que ver con la evaluación final en el proceso licitatorio, ya que si bien la Unión Temporal CBT Florida 2021, un consorcio de empresas cucuteñas con amplia experiencia en el sector público de Norte de Santander, tenía la mejor puntuación, al final no radicó el “incentivo a personas en condición de discapacidad”, un requisito básico que otorgaba 10 puntos, según el pliego de la licitación. Como resultado de dicho olvido, Proyectos e Ingeniería de Vías, Proinvias SAS, señalada por las mismas veedurías como uno de los protagonistas del ‘Carrusel’ de concesiones a 20 años denunciado en el BIF, resultó ganador.
Expertos de esta veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que analizaron para Vanguardia toda la documentación de esta investigación periodística, coincidieron en que dentro de la ejecución del contrato se pueden evidenciar graves fallas en el deber de planeación que debía cumplir el BIF en la estructuración del proyecto. Todo esto se reflejó en un adicional por más de mil millones de pesos para la realización de actividades básicas en este tipo de obras, que debieron estar contempladas desde un inicio, como el cerramiento de las canchas o alumbrado y vestidores. Además, múltiples suspensiones que alargaron el plazo inicial de 5 a 22 meses.
“Llama la atención que solo después de haber transcurrido un año desde el inicio de la ejecución del contrato se percataron de la necesidad de contar con estas actividades tan inherentes a las obras de esta naturaleza”, concluye Marcela Pabón, vocera del Comité.
Si bien, después de todos los aplazamientos, la obra tenía como plazo final para su entrega el pasado 5 de julio, el contratista solicitó un nuevo plazo de 15 días, debido a la falta de instalación de un portón, por lo que la entrega sería el miércoles 19 de julio.
William Flórez, habitante del sector y veedor ciudadano, ya advirtió que la calidad de la obra que pretende entregar el contratista no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y solicitó el informe de interventoría del proyecto, que ilusionó a la comunidad deportista de La Cumbre, pero que terminó siendo un ‘suplicio’.
“Nosotros estamos esperando que la firma interventora nos dé el informe detallado de la obra, si se encuentra en todas las condiciones aptas, si es necesario denunciaremos estas irregularidades en Bogotá”, advirtió el líder comunal.
¿‘Carrusel’ de concesiones?
Pero Johany Ramírez y sus firmas no son para nada desconocidos en el Banco Inmobiliario de Floridablanca, con Julio González a la cabeza.
Además de la ejecución de los millonarios contratos en La Cumbre, El Reposo y Cañaveral, Ramírez también había logrado adjudicarse en 2019, a través de la Fundación Fútbol para Todos, de la cual es socio fundador, la concesión para la operación de dos parques públicos del municipio para que los explotara económicamente en los próximos 20 años sin tener que pagarle nada al Municipio.
A pesar de contar con un restringido patrimonio de $20 millones, la Fundación Fútbol Para Todos se comprometió en invertir $1.191 millones en el polideportivo de San Bernardo y $1.352 millones en el lote del Barrio Rosales, con el fin de amoblar, mantener y poner en funcionamiento los escenarios recreativos.
Seis meses después, el 18 de diciembre del 2019, el BIF entregó una nueva concesión por 20 años a la Fundación Fútbol Para Todos, esta vez para la administración, uso y explotación del polideportivo del barrio Jardín de Limoncito.
Al igual que los dos contratos anteriores, este no le suscitó ningún compromiso contractual a la fundación más allá que comprometerse a invertir $1.435 millones para la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha del complejo deportivo.
Aunque la Fundación Fútbol Para Todos es representada legalmente por Shaira Gimena Franco Hernández, sus socios y propietarios son Germán Alberto Serrano Gómez, Jaime Omar Gómez Manrique y Johany Alberto Ramírez Otero, quienes han suscrito millonarios contratos con la Alcaldía de Floridablanca y el BIF, tanto en el gobierno de Héctor Mantilla como con su sucesor Miguel Ángel Moreno, actual mandatario.
Germán Alberto Serrano Gómez y Jaime Omar Gómez Manrique también son socios y propietarios de las firmas Serrano Gómez Construcciones, Sergom SAS y Magut Construcciones SAS.
De hecho, a pesar de presentarse como empresas completamente diferentes, Magut Construcciones y la Fundación Fútbol Para Todos, comparten la misma sede, ubicada en la oficina 502 del edificio Green Gold, en Bucaramanga, tal y como está registrado en la Cámara de Comercio.
El silencio del interventor
El Banco Inmobiliario de Floridablanca escogió, en un concurso de méritos, a la firma Servicios y Consultorías en Ingeniería SAS para que realizará la interventoría sobre las obras de modernización de la cancha de La Cumbre.
Servicios y Consultorías en Ingeniería SAS, estaba representada legalmente por Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, socio y amigo de Julián Jaramillo Díaz, ambos salpicados en el escándalo por la supuesta red de corrupción al interior de la administración del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, en la que se habrían desviado al menos $600 mil millones.
Al consultar el NIT de la firma Servicios y Consultorías en Ingeniería SAS, la Unidad Investigativa de Vanguardia pudo confirmar que era el mismo número de identificación empresarial de Construmarca, una empresa conformada entre Julián Jaramillo y Pedro Beltrán en 2004. Pero Jaramillo renunció a su participación accionaria en la compañía en 2011, unos días antes de ser nombrado como asesor de despacho del exgobernador Richard Aguilar.
Aunque Jaramillo Díaz le aseguró a esta redacción que ya no tenía ninguna relación comercial con Pedro Beltrán o Construmarca, el pasado mes de enero Pedro Beltrán vendió la mayoría de su participación accionaria y renunció a la representación legal de Construmarca, en su reemplazo fue nombrada Luz Ángela Jaramillo Díaz (hermana de Julián Jaramillo), como nueva gerente de la empresa.
Pocos días después, la nueva cabeza de la compañía lideró una asamblea corporativa en la que se decidió cambiarle el nombre o razón social, para que dejara de llamarse Construmarca y ahora Servicios y Consultorías en Ingeniería SAS.
El trabajo de veeduría de Construmarca a Servicios y Consultorías en Ingeniería en las obras de modernización de la cancha de La Cumbre se ha limitado a aprobar todas las actas y solicitudes por parte del contratista, a pesar de los retrasos de más de 14 meses. De hecho, la firma interventora le ha dado el visto bueno a todas las prórrogas en tiempo y las millonarias adiciones.
Una cancha ‘en reposo’
Los problemas en la renovación de su principal escenario deportivo, a través de contratos del Banco Inmobiliario de Floridablanca, no son solo para el barrio La Cumbre.
El Reposo, otro popular sector con más de 3 mil habitantes, está a la expectativa y con temor de que se presenten los mismos problemas en el contrato para modernizar su cancha de fútbol insignia.
El contrato para la cancha de El Reposo tiene como objeto la construcción de un módulo de integración social a cargo del Consorcio M.I.S 2022, el cual está integrado por Proinvías SAS, con un 80 % de participación, y por Johany Alberto Ramírez Otero, con el 20 % restante, los mismos que ejecutaron el controvertido contrato en La Cumbre, que hoy cuenta con millonarios sobrecostos y más de 14 meses de retraso.
A los puntos en común se suma Andrea Liliana Navarro García, quien es la representante legal del Consorcio M.I.S 2022, y en la obra pública de La Cumbre fue la representante legal de Proinvías SAS, que firmó la segunda acta de suspensión de La Cumbre, el 30 de septiembre de 2022, y la de reinicio el 26 de octubre de 2022.
Para Aristóbulo García, habitante de El Reposo y presidente del Comité Municipal de Fútbol de Floridablanca, hay inconformidad y miedo en la comunidad con esta obra pública.
“Dijeron que iniciaba el año pasado porque el contrato es de 2022, pero hasta ahora, el primero de este mes de junio, empezaron labores. La cancha no se utilizó prácticamente durante seis meses”, afirmó García, quien contó que la comunidad se rehusó a utilizar la cancha desde enero de 2023, esperando que se cumpliera la promesa del inicio de las obras.
El plazo para ejecutar este proyecto es de ocho meses y tiene un valor $8.329 millones. Aunque su acta de inicio tiene fecha del 6 de junio de 2023, mes en el que comenzaron los trabajos en la cancha de El Reposo, el contrato fue adjudicado el 15 de agosto de 2022. Es decir, diez meses después comenzaron los trabajos en el barrio.
“Nosotros no vamos a permitir que esta cancha vaya a durar dos o tres años paralizada. El ejemplo lo tenemos en La Cumbre, pusieron un plazo y ya va más de un año y no han hecho entrega de la cancha”, dice molesto el dirigente deportivo.
Esta redacción visitó El Reposo el pasado 26 de junio para conocer el estado actual de la obra. En su momento, una de las quejas de la comunidad era que la cancha no contaba con la valla de construcción reglamentaria. Sin embargo, esa misma tarde, luego de hacer la visita, la valla fue instalada.
El BIF encargo la interventoría de las obras de la cancha de El Reposo a la Unión Temporal Inter MIS 2022, representada legalmente por Édgar Wilfredo Peñaranda. Contrato por $445 millones.
Así mismo, el Banco Inmobiliario de Floridablanca le entregó al Consorcio Equipamento 2022, integrado por Johany Ramírez y Proinvias SAS, el contrato de espacios recreativos y deportivos en Cañaveral, por valor de $2.274 millones, y plazo de seis meses. Al igual que en El Reposo, Ramírez se presentó como único oferente y aunque ambas licitaciones fueron adjudicada en agosto del 2022 solo hasta el pasado mes de junio (ocho meses después), y en el comienzo de la campaña electoral, comenzaron las obras.
La defensa de González
Al ser consultado por Vanguardia, Julio César González, director del BIF aseguró que no existe ninguna irregularidad en las tres obras que actualmente ejecuta Johany Ramírez y sus empresas en Floridablanca. Según el funcionario, los retrasos en los trabajos de la cancha de La Cumbre se deben a problemáticas externas, ajenas al contratista, que obligaron a ampliar el plazo de ejecución y adicionar el costo del proyecto.
“Como es del conocimiento público los años 2021 y 2022 fueron excepcionales producto de la escasez de materiales para la construcción, este desabastecimiento causo retrasos en las obras privadas y públicas no solo en Colombia sino en el mundo, la normalización de los insumos para la construcción en Colombia, inicio su estabilización en ultimo trimestres del 2022. Esta situación, ajena a las entidades públicas y a sus contratistas, produjo retrasos en los cronogramas de obra en país y el BIF no fue ajeno a esta dificultad externa”, dijo González.
El Director del BIF aseguró que durante a la ejecución del contrato la cancha no ha sido cerrada y viene siendo usada por la comunidad.
Sobre las obras en Cañaveral y El Reposo, González afirmó que los retrasos en el comienzo de estas se debieron a problemas de socialización con la comunidad y temas técnicos de estabilización de terrenos.
Finalmente, el director del BIF aseguró que no tiene ninguna relación comercial ni personal con Johany Ramírez ni ninguna de sus empresas, a pesar de la buena racha que el controvertido contratista ha tenido con la administración Moreno y en especial con el Banco Inmobiliario de Floridablanca.
“Desconozco la contratación municipal, respecto en el periodo entre 2020-2024 revisada la base de datos de contratos no existe ninguna empresa con ese nombre o NIT a nombre de esa persona. Es importante aclarar que el Banco Inmobiliario es una entidad de derecho público sometido al régimen de contratación estatal y sus obras publicas son adelantadas bajo el régimen de la licitación de obra pública, es una entidad que usa el mecanismo transaccional del SecoP II”, respondió el director del BIF.
