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Habrá mesa nacional para analizar los altos niveles de mercurio por la minería ilegal

El Ministerio Público busca consolidar una estrategia nacional que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio. El próximo 26 de enero en Bogotá será la mesa de diálogo.

Por las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal, la Procuraduría General de la Nación convocó a la primera Mesa Nacional de Mercurio.

El órgano de control llamó la atención, especialmente, por altos niveles de contaminación en Santander y otras regiones del país, que estarían generando impactos socio ambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal.

En Santander, el año pasado, veedurías ciudadanas detectaron altos niveles de mercurio en el río Suratá, que surte de agua a Bucaramanga y que nace en el páramo de Santurbán.

“En el acueducto se hacen mediciones cada dos horas, pero ese día en febrero (de 2023) aumentamos la intensidad a cada media hora, por ocho horas, e identificamos que 100 microgramos por litros lo que significó 50 veces más el valor permitido de lo que se puede procesar en la plata. Realizamos las labores pertinentes para evitar la contaminación del agua que llega a los hogares”, confirmó el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en su momento.

Ante este panorama y con el propósito de atender esta grave crisis socio ambiental que se ha intensificado, registrando cifras preocupantes en los últimos meses, el ente de control convocó a más de 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales.

La Procuraduría precisa que, la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto, requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.

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