Desde la mañana de este viernes, y como lo habían prometido, habitantes de páramos de Santurbán y Almorzadero en Santander se tomaron las vías como señal de protesta ante el Gobierno Nacional.
Las primeras imágenes llegaron desde el sector de Curos, en las vías que llevan a Málaga y a la capital del país, donde un grupo nutrido de campesinos bloquea el paso vehicular.
Para el caso de la vía a Cúcuta, desde la noche del pasado jueves viajaron campesinos en camiones y este viernes se tomaron este corredor vial en el sector del páramo de Berlín.
Por su parte, los campesinos del Almorzadero madrugaron a protestar en la vía que de Málaga comunica con Cúcuta, conocida como Troncal Central del Norte.
Y es que desde hace varios días los campesinos de los dos páramos de Santander expresaron que durante la primera jornada de paro marcharían hacia corredores viales principales como Bucaramanga-Cúcuta, la Troncal Central del Norte en sus conexiones hacia Cúcuta y Bogotá, la vía Málaga-Curos y en Boyacá se hará lo propio en varias de estas carreteras.
Así las cosas, los parameros paran las actividades de siembra, recogida y transporte de sus productos hacia las cabeceras municipales con lo que podría advertirse escasez de productos como papa negra, cebolla, hortalizas, lácteos lo mismo que carne de ganado vacuno y ovino.
Los motivos del paro
Al respecto, Julio Elías Vargas, habitante del páramo del Almorzadero e integrante de la Federación de Parameros de Santander y Boyacá, dijo que “desde hace varios años se inició ese proceso estatal en contra de los habitantes de los páramos en Santander”.
El vocero de los campesinos se refiere a varias determinaciones gubernamentales, la primera se dio el 20 de enero de 2018 cuando se delimitó la zona protegida del páramo del Almorzadero a los 2.800 metros y donde, según afirman, se les restringió seguir ejerciendo actividades agrícolas en zonas donde ancestralmente se llevaban a cabo.
Otro de los puntos es la promulgación de la Ley de Delitos Ambientales, a mediados de 2022. “Algunos de estos artículos castigan la actividad agrícola en las zonas que ellos consideran protegidas, pero donde desde hace mucho tiempo hay siembras. Por ejemplo, si sembramos una mata de cebolla y ellos lo consideran delito ambiental tendremos que pagar millonarias multas que no podremos costear. El Gobierno dice que no nos va a desplazar o quitar nuestras tierras, pero a punta de sanciones económicas nos van a correr”, aseveró Vargas.
Otro de los puntos de la discordia es la titulación predial, ya que, para el caso del Almorzadero, los lugareños afirmaron que “necesitamos la legalización de nuestras tierras. El 60 % de García Rovira aparece como terrenos con falsa tradición pero estas las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes han vivido aquí toda la vida”.
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