La Casa de Nariño podría emitir en las próximas horas el decreto que dejará en libertad a decenas de jóvenes judicializados por desmanes y delitos cometidos durante los días del gran paro nacional de 2021, para así convertirlos antes de Nochebuena en «gestores de paz».
De los más de 230 privados de la libertad, cientos adquirirán esta figura durante el Gobierno Petro. Sin embargo, el decreto establecería que quienes ya tienen condenas como Andrés Pastor González, alias ’19’, condenado a 14 años de cárcel por el delito de tortura, no hagan parte de la iniciativa.
Y es que justamente la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y hasta las altas cortes se han opuesto a este decreto, argumentando que se abre una puerta giratoria para que los procesos judiciales sean viciados y peor aún, por parte del Alto Gobierno.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien capoteó la Ley de Paz Total o prórroga a la Ley de Orden Público en el Congreso, que es el marco normativo para los diálogos de paz y el sometimiento a la justicia, afirmó que esta medida no será impunidad ni «perdón social».
“Acá no existe amnistía, indulto o perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de las protestas continuarán en manos de los jueces (…) Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”, señaló en su momento el ministro Prada.
Sin embargo, las críticas han llegado desde la oposición, pues miembros de la bancada del Centro Democrático se han ido lanza en ristre contra esta iniciativa, argumentando que se viciarán los procesos judiciales y que varios de los miembros de la denominada Primera Línea quedarán en libertad sin responder por los delitos que les acusó la Fiscalía en su momento.
Por su parte, Francisco Barbosa, como fiscal General de la Nación, también se ha opuesto a esta excarcelación y ha dicho que si el presidente Gustavo Petro quiere establecer esta figura, deberá acudir al debido proceso en el Congreso de la República.
Justamente hace una semana Barbosa y Petro habían acordado una reunión para conversar sobre el tema, pero fue cancelada por problemas de salud del Fiscal General.
