Gustavo Petro cumplió 70 días exactos en el poder y en este periodo de poco más de dos meses ha dejado claro que –según sus cálculos– la chequera de la Nación no le va a alcanzar para cumplir con los programas sociales que planea poner en marcha. Con ese argumento, el Presidente llevó al Congreso la reforma tributaria con la que espera recaudar 22 billones de pesos anuales y adoptó la austeridad como uno de los pilares para los próximos cuatro años de su administración.
Esa supuesta moderación en el uso de la chequera de la Nación ha puesto entre las cuerdas al Jefe de Estado, pues su directriz de ahorro fue puesta en duda a inicios de octubre cuando se conoció que la Casa de Nariño, bajo su administración, compró para las cuatro casas de Estado ostentosos artículos como un televisor de 85 pulgadas por 27,4 millones de pesos, plumones de ganso por cerca de 4 millones de pesos, juegos de cama de 300 hilos por 2,5 millones de pesos, entre otros.
Ante esta aparente contradicción entre el discurso y las acciones del Gobierno Nacional en materia de gasto público, El Colombiano se dio a la tarea de revisar los registros de contratación estatal desde la llegada de Petro al poder y conoció que en los 70 días que han transcurrido desde su posesión se han adjudicado y celebrado 625 contratos para los 18 ministerios, por valor de 179.651 millones de pesos.
¿Y de la austeridad?
De acuerdo a lo reportado en la agencia nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente, los 18 ministerios del Gobierno Petro han firmado una cifra que ya supera los 600 contratos entre el 8 de agosto –un día después de la posesión presidencial– y el 14 de octubre, lo que se traduce en la adjudicación y ejecución de 8,9 contratos diarios.
Este copioso proceso de contratación estatal que han adelantado las 18 carteras del Ejecutivo se ha dado a la par de los anuncios de Petro sobre estrategias de supuesta racionalización y eficiencia en el gasto público, por ejemplo a través de la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 con la que el Jefe de Estado puso en marcha su plan de austeridad.
Dentro de esa iniciativa que anunció el Mandatario a mediados de septiembre sobresale la propuesta de no hacer subcontratación por prestación de servicios y, además, de ponerle la lupa a los contratos de estudios y diseños, por lo que las entidades del Estado en teoría deberían encargarse de verificar la pertinencia de estos contratos.
“La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales (…) Antes de contratar estudios y/o diseños, cada entidad verificará si cuenta con otros estudios con el mismo o similar objeto (este se podrá determinar considerando el alcance y entregables de los estudios)”, señala el documento.
Frente a esta directiva presidencial sobre moderación en el gasto salta a la vista que al menos el 30 % de los contratos que han firmado los ministerios en los últimos 70 días hayan sido destinados para el rubro de asesorías de gestión, que se traduce en la contratación de profesionales independientes que prestan sus servicios temporales a las carteras del Gobierno.
Además, según se evidenció en los registros públicos, hay una desproporción en el gasto de algunas de las carteras. Aunque esto no necesariamente representa irregularidades en el gasto estatal, un hecho que llama la atención es que haya ministerios como el de Transporte que a la fecha se han gastado 92.347 millones de pesos en solo 30 contratos, en comparación con otros como la de Educación, cuyo gasto en contratos adjudicados y ejecutados asciende a 1.163 millones de pesos invertidos en 22 contratos.
Así han manejado la chequera
El top tres de las carteras del Gobierno Petro que más han gastado en convenios (ver recuadros) lo lidera el Ministerio de Transporte, dirigido por Guillermo Reyes, cuyo contrato de mayor cuantía fue el de la prestación del servicio público del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) cuyo valor asciende a 87.609 millones de pesos.
A esta dependencia le siguen en el ranquin de gasto el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, al mando de Arturo Luna, que se ha gastado 19.988 millones de pesos en 33 contratos y el más costoso de ellos fue adjudicado a la Universidad Nacional de Colombia para un “Programa de detección temprana de lesiones de pre-malignidad y cáncer gástrico en Nariño” por 3.949 millones de pesos.
En el tercer lugar aparece el Ministerio del Interior, cuyo jefe es Alfonso Prada, con 15.877 millones gastados en 44 contratos, entre los cuales se destaca como el convenio más costoso (13.986 millones de pesos) el que tiene como fin llevar a cabo los estudios, diseño y construcción de la estación de Policía en el municipio de Acacias, en el departamento del Meta.
Entre las cifras que sobresalen en materia de contratación aparecen cuatro contratos del Ministerio de las TIC, al mando de Sandra Urrutia, que a pesar de ser reducidos en cantidad suman un total de 2.469 millones de pesos. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al mando de Álvaro Leyva, y que ha estado bajo la lupa por los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, al Reino Unido, Japón y Noruega, reporta un gasto en 33 contratos adjudicados por 6.604 millones de pesos.
Pese a la abultada cifra de 652 contratos que se han adjudicado y celebrado desde el 7 de agosto, los pronunciamientos públicos del presidente frente a gastos excesivos han sido someros. Por ejemplo, frente a la controversia de las compras en la Casa de Nariño, la respuesta oficial se dio en un comunicado en el que se justificó que las adquisiciones fueron necesarias debido a que el gobierno anterior, el de Iván Duque, no hizo las dotaciones adecuadas de las cuatro casas del Estado.
En todo caso, habrá que esperar para comprobar que en los próximos cuatro años las directrices sobre austeridad del primer mandatario pasarán del papel a la acción y si realmente evitarán el despilfarro de recursos en la ejecución de contratos. Sin embargo, de entrada se prevé el aumento en el gasto y la burocracia con el Ministerio de la Igualdad, cuyo camino para ser creado arrancará el próximo martes en el Congreso.
