En el más reciente encuentro organizado esta semana en San Gil, hasta donde llegaron representantes de los diferentes municipios, organizaciones sociales y campesinas, se definieron tres ejes. Uno es el fortalecimiento de las fincas agroecológicas campesinas, con el propósito de posicionarlas como la columna vertebral de la autonomía alimentaria, explicó Néstor Mendieta, director de Corporación Obusinga.
Durante el encuentro de Autonomía Alimentaria guanentino se decidió también la importancia de enfocar los trabajos en el crecimiento de la agroindustria rural teniendo como principio que ese valor agregado de la transformación aumente los ingresos de las familias productoras.
El tercer campo de acción definido fue la seguridad alimentaria, un ejercicio que se traduce en puntualizar la aplicación y el mejoramiento de los programas de asistencia alimentaria como el PAE, el banco de alimentos y todas las estrategias dirigidas a niños, adultos mayores y población vulnerable en general.
Mendieta dijo que con estos ya son 15 los proyectos macro recogidos. Refirió que en las provincias de Vélez, Comunera y García Rovira, la ciudadanía coincidió en los misma líneas de acción: fincas campesinas, agroindustria rural e infraestructura para el abastecimiento.
La idea de toda esta estrategia en la que también están vinculadas la Secretaría de Planeación de Santander y la iniciativa ciudadana por el Derecho Humano a la Alimentación, tiene como finalidad presentar todas las propuestas en un documento a la Asamblea de Santander.
De esta manera se busca que sean transformadas en una política pública departamental y así, desde las autoridades locales y departamentales, se destinen presupuestos para su desarrollo.
La otra tarea es integrar el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional al proyecto Sustenta, que desarrollan la Corporación Autónoma de Santander, CAS, y Obusinga.
Sobre Sustenta, Mendieta dijo que avanzan para el inicio de una segunda fase. En la primera se pudo hacer una caracterización de los sistemas alimentarios de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la corporación, una evaluación del impacto climático y el planteamiento de acciones para mitigar cada uno de los problemas encontrados.
En 42 municipios se formularon acciones y la idea en la segunda fase es continuar con la implementación.
