Ese día murieron 11 personas en una operación militar en la que hay dos versiones que se cruzan: la del Ejército y el Ministerio de Defensa, y la de organizaciones sociales y familiares de las víctimas.
La posición del Gobierno es que todo se dio en medio de una estrategia contra alias Bruno, cabecilla de las disidencias Farc, y que esa mañana sus tropas reaccionaron a disparos de civiles armados.
No obstante, familiares y la Defensoría afirman que entre los muertos hay civiles, y no delincuentes: falleció un menor de edad, un gobernador indígena y un líder comunal.
Para esclarecer lo sucedido, desde ese mismo lunes, el fiscal puso al frente del caso a varios agentes que son liderados por Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación de la entidad.
Él coordina las labores que otros 29 funcionarios (entre los que hay fiscales expertos en derechos humanos) llevan a cabo en la vereda. Algunos están desde horas después del operativo, y otros llegaron cuatro días después.
Por el momento, las pesquisas no han terminado en informes concretos, no obstante, desde varios sectores piden celeridad para saber cómo fue que actuaron los militares para atacar hasta a una mujer embarazada, otra víctima.
Mientras tanto, el ministro Diego Molano está citado a debate de control político en el Congreso para que indique los pormenores de la operación. Asimismo, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo exigieron claridad en el caso.
