En dos extremos del parque García Rovira, uno de los más importantes escenarios de Bucaramanga por estar justo al frente de la Gobernación de Santander y el Palacio Municipal, permanecen al menos 20 familias de la comunidad yukpa, a espera que alguien les responda a sus peticiones. Exigen transporte para regresar a la serranía del Perijá y dinero.
Mientras resguardados en improvisados ‘cambuches’ con plástico negro amarrados en las palmeras, permanecen los líderes o quienes tomaron la vocería de esta comunidad, al pendiente de recibir atención, ciudadanos le solicitan a las autoridades que se recupere este lugar.
Dicen que ese aspecto de pobreza y hambre que se percibe allí con tan solo dar una rápida mirada mantiene opacado el “buen ambiente” con el que mantenía este lugar.
Yoleida Romero, integrante de la etnia yukpa de la Sierra de Perijá, que se extiende más allá de las fronteras colombianas hasta Venezuela, aseguró que la Defensoría del Pueblo estuvo recientemente en la zona pero no le dio solución a nada.
“Nosotros nos salimos del hotel y llegamos al parque hace dos meses porque nos estaban cobrando $50.000 diarios. En la Alcaldía (de Bucaramanga), ni en la Gobernación (de Santander) nos atienden, nos dicen que no tienen recursos, ni ayuda para darnos. Vivimos de la venta de nuestras artesanías”, sostuvo.
Romero aseveró que le han pedido a los entes gubernamentales “traslado y algo de recursos para llegar a nuestra comunidad. Cuando se fue el primer grupo de indígenas, ellos nos dijeron que los dejaron tirados en la frontera; entonces, no nos vamos a ir con esas condiciones porque qué será de nuestros hijos”.
Ángelo Romero, cacique del grupo, expresó que esperan regresar a su territorio con recursos para ayudar a la tribu, porque tienen muchas necesidades. Pero, en estos momentos, uno de los dramas que padecen está relacionado con la salud de los niños, hay muchos enfermos; de hecho, anotó que dos de sus hijas se encuentran recibiendo atención médica en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander.
Zenaida Romero Martínez, otra integrante de la etnia yukpa, aseguró hay una tutela instaurada, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, “porque ninguna organización, ni entidad del estado, nos ha querido ayudar en cuestiones de alimentación, salud. No somos migrantes, somos indígenas”.
Visita de la Defensoría del Pueblo
El 18 de enero, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su visita a Santander, estuvo en el parque García Rovira con la comunidad, donde se identificaron cerca de 91 personas, de las cuales 19 son menores de 18 años y 49 son menores de 5 años.
Después de este encuentro, la Defensoría del Pueblo comunicó que se han articulado las entidades de cooperación internacional para la entrega de ayudas humanitarias, así como las entidades del Estado para atender los requerimientos de la población.
“Desde la Defensoría del Pueblo orientamos y acompañamos a estas familias, y adelantamos gestiones ante las autoridades territoriales y organismos de cooperación para su atención. Así mismo, instauramos una acción de tutela para que se amparen los derechos de los afectados. También logramos que se ubicara una batería sanitaria para la población asentada en el parque García Rovira, y se adelantara una jornada de salud. Luego de tres meses del asentamiento, instamos a que siga la entrega de ayudas humanitarias y la garantía de un retorno seguro”, se precisó.
“No tenemos recursos”
Antes de la visita de la Defensoría del Pueblo, en conversación con Vanguardia, Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, dijo que la Administración Municipal lleva cinco meses tratando de dialogar con esta comunidad. El pasado 30 de diciembre se logró trasladar a 32 miembros de la comunidad hacia la frontera”.
“La comunidad que permanece en el parque está exigiendo la suma de $10 millones de pesos por familia para el traslado, aparte de una cantidad de mercados y otras exigencias. Los organismos internacionales ya les han brindado ayuda de entre $300.000 a $900.000, pero no aceptan y realmente no podemos acceder a pagar esa suma que nos piden”, aseveró la funcionaria.
Franco dijo que este tema ya se lo han manifestado a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras instancias. De hecho, se le ha pedido ayuda a la Defensoría y al Ministerio de la Interior para atender esta problemática que se ha vuelto bastante compleja de atender.
