A través de un Auto, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, ordenó indagación preliminar contra once empresas del transporte público colectivo por presunta violación a las normas de transporte, más exactamente por disminución de la tarifa de prestación de servicio sin que fuera autorizada.
Desde julio pasado, los propietarios de buses y busetas decidieron otorgar un ‘Bono Solidario’ de $1.000, para cubrir el 31,5% de la tarifa actual. Es decir las personas no pagan $2.600 por cada pasaje, sino $1.600.
De manera insistente, los promotores de esta iniciativa han asegurado que fue una medida desesperada, aplicada solo en algunas rutas y no involucra directamente a las empresas, que pese a mostrarse respetuosas, nunca dieron aval para tal determinación porque sabían las implicaciones legales.
El AMB indicó que todo el proceso arranca desde las quejas presentadas por propietarios y conductores de vehículos que prestan el servicio público colectivo en el territorio metropolitano. El argumento, con el que justificaron ese malestar, se relaciona con la afectación a los ingresos por cuenta de la modificación en la tarifa.
“La medida adoptada por algunos conductores del área metropolitana el pasado mes de julio, además de desconocer las normas que regulan la actividad económica del servicio de transporte público, generan un impacto socioeconómico negativo que afecta a las empresas de transporte que no pueden costear el subsidio y confunden a los usuarios fomentando una posible competencia desleal”, sostuvo la entidad.
En este sentido, el AMB, al fungir como autoridad de transporte, se vio obligada a iniciar indagaciones frente a la situación, de manera que así se pueda empezar a dar respuestas a quienes consideran el cambio de la tarifa como una acción individual que debilita el sector y genera desconfianza entre la ciudadanía.
De hecho, en un comunicado oficial emitido en las últimas horas por el AMB se aclara que “la prestación del servicio de transporte público se encuentra regulada por el Estado, incluyendo en sus intervenciones el aspecto tarifario, por lo cual cada año la Junta Metropolitana, mediante acuerdo, fija estos valores a partir del análisis previo de la estructura de costos desarrollada por las empresas de transportes habilitadas para esta modalidad”.
“Debido al impacto que esta situación genera en el gremio y sus actores, los ejercicios que tengan como propósito modificar la tarifa deben ser formalizados ante la autoridad de transporte, a efectos de evitar el detrimento o potencial guerra del centavo”, se agregó.
Transportadores se defienden
Edwin Fabián Pinzón, gerente de la Asociación de Inversionistas del Transporte Público Convencional, Asintransco, afirmó que de generarse algún tipo de sanción se acabaría el subsidio de $1.000 por pasaje, pero también las empresas.
“Las últimas multas que nos pusieron superaban los $300 millones, entonces una multa ahora y nos terminan de acabar. Esto fue una decisión desesperada de los dueños de los buses, no de la empresas porque nunca lo permitieron; todo con el fin de recuperar el pasajero, combatir la piratería y contribuir de alguna manera con la reactivación económica”, aseveró.
A juicio de Pinzón, la medida que hoy está en unas 20 rutas del transporte público colectivo con cobertura en los diferentes municipios del área, no fue tan descabellada. El incremento de pasajeros es evidente y el balance ha sido satisfactorio.
“Descontarle los $1.000 al pasajero no es una ganancia económica, porque somos nosotros (los dueños de los buses y busetas) los que estamos sacando los $1.000 de nuestro bolsillo para asumir ese subsidio. Pero lo que sí podemos decir es que es una estrategia que nos ha servido para aumentar hasta 400% los pasajeros y gracias a eso está quedando para cubrir los gastos de operación y anteriormente ni eso, porque quedábamos en rojo”, acotó.
Otros transportadores, quienes también están entregando ese ‘Bono Solidario’ dicen que no están de acuerdo con la posición de las autoridades metropolitanas.
“Nos abren una investigación, nos quieren multar, el AMB no toma ninguna decisión frente al tema del transporte, todo lo que hace es para quitarle el servicio a la gente. Nosotros sacamos el subsidio en julio y la Alcaldía de Bucaramanga otorgó un subsidio para Metrolínea. A nosotros nadie nos ayuda, por qué no subsidian el pasaje del TPC”, insistieron.
