Por los presuntos delitos de estafa, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público, un grupo de asociados de la Corporación Crecer con Amor en el Mundo del Campo ‘Caelmudelcampo’ demandaron penalmente a la representante legal de la entidad Mireya Bayona Ardila.
Los denunciantes aseguraron que hay muchas irregularidades en el funcionamiento de la asociación manejada por la directora y lo más preocupante es que el número de personas vinculadas va en aumento desde la oficina en el Socorro.
Jorge Pineda, asociado y vocero de los que se pasaron de posibles compradores a sentirse víctimas, explicó que el aporte individual para temas papelería, pago de documentos de permisos ambientales y otros gastos es de 1 millón 916 mil pesos y hasta la última información obtenida por ellos ya serían cerca de 280 usuarios, que representarían más de $530 millones.
Pineda, habitante de Confines, contó que dentro del proyecto, a cada uno de los afiliados se les prometió 8 hectáreas de tierras en el sector rural, en donde desarrollarían el cultivo de café y podrían construir una vivienda de interés rural.
Para lograr esto, se jalonarían recursos del Gobierno Nacional, fondos internacionales a través de organizaciones sociales y un crédito asociativo que los usuarios pagarían en un periodo de 30 años.
El problema es que según los documentos obtenidos por el comité de defensa de los usuarios, solo habría promesas. Lo más preocupante para Pineda es que cuando han intentado preguntar qué está pasando solo han recibido sanciones, persecuciones y maltratos de parte de los directivos de la corporación.
Pineda también denunció que hay personas al ver el retraso y la falta de avance han preferido dar un paso al costado, perdiendo la inversión, y esos cupos la corporación los ha vuelto a vender.
¿Mentiras?
Con el inicio del proceso legal en contra de Bayona, la justicia tendrá que decidir si esta mujer le ha mentido a los usuarios y si efectivamente se trataría de un nuevo caso de fraude aprovechando el interés de las personas por tener una vivienda nueva.
Por ahora, a través de documentos, este medio pudo comprobar que aunque la cuestionada directora habría asegurado que ya había radicado un préstamo ante el Banco Agrario en Mogotes y así lo confirmaría el pasado 13 de agosto en respuesta a una tutela interpuesta por Carlos Alfonso Figueroa, un curiteño que también se siente engañado, desde la sucursal bancaria en Mogotes comprobaron que no existe ningún tipo de radicado a nombre de Bayona o la Corporación. La respuesta del banco confirmando que no hay ningún trámite de la entidad llegó el pasado 14 de septiembre.
Al parecer, Bayona Ardila si se presentó en la entidad interesada en obtener un préstamo por $217.000 millones para el proyecto que tendría un costo total superior a $400.000 millones. Sin embargo, en el encuentro, en donde no hubo ninguna petición formal, le informaron que debía ajustarlo porque presentaba varias inconsistencias.
Otra de las dudas está sobre el papel que jugaría la Cooperativa Ecológica de la Juventud, Ecojoven, quien fungiría como representante de Caelmudelcampo en los trámites de consecución de recursos con organizaciones no gubernamentales internacionales.
Desde Ecojoven, se le respondió a Pineda – también gracias a una tutela- que si bien hay un vínculo de apoyo en la estructuración del proyecto, Ecojoven no tienen ninguna responsabilidad ni obligación con Caelmudelcampo en buscar los recursos.
Así mismo, en los documentos presentados por los afectados se confirma que no hubo una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, para respaldar el proyecto. El dilema en este punto es que de los fondos oficiales llegaría el 40% de los recursos necesarios, según la promesa que ilusionaba a los inversores.
Una duda adicional son los terrenos que hasta el momento no se habrían comprado pues se trataría de un gran terreno propiedad de diferentes familias ubicado en los límites rurales entre Mogotes, Coromoro y Charalá, pero nadie sabe dónde están ubicados a ciencia cierta y hasta donde pudieron averiguar los afectados no hay nada comprado.
Pineda explicó también que mientras en los costos iniciales les incluyeron procesos ante la CAS en esta entidad y de acuerdo con un documento del 22 de septiembre no reposa ningún trámite ambiental a nombre de la corporación.
Una arista más para tener en cuenta es que mientras en la carta de presentación y el video promocional del proyecto se asegura tener la asesoría externa de entidades oficiales como el ICA, el Sena y el Comité de Cafeteros, esto al parecer no es cierto.
Nestor Capacho Serrano, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Santander, aseguró que no tienen ningún tipo de relación con el proyecto del que nunca habían escuchado y además catalogó como abusivo el hecho de usar el nombre de la entidad y su logo en un video promocional, por lo que no descartan acciones legales.
Este medio contactó a Mireya Bayona Ardila, pero ella se negó a entregar declaraciones.
