Un juez ha sentenciado a 34 años de prisión a Jorge Eliécer García, presunto integrante de un grupo paramilitar, por su responsabilidad en la desaparición forzada de cinco personas que habían firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc en 2016.
La condena fue anunciada este lunes por la Fiscalía General de la Nación, luego de una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Unidad Especial de Investigación -UEI. Las pruebas recopiladas por el fiscal a cargo permitieron demostrar la participación de García en los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.
García, identificado como un mando medio de la estructura criminal conocida como ‘Los de Vaca’ o ‘Resistencias Unidas Campesinas’ – Ruc, fue hallado culpable de haber orquestado la desaparición de los firmantes de paz el 14 de octubre de 2017 en el caserío de Isupí, ubicado en El Charco, departamento de Nariño.
De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron retenidas por hombres armados pertenecientes al grupo criminal, quienes las acusaron de desobedecer las órdenes impuestas por la organización en la zona. Las investigaciones revelaron que las personas fueron amarradas de manos y conducidas a través de un río, y desde entonces no se ha tenido noticia alguna sobre su paradero.
Delitos imputados
En un hecho separado, la Fiscalía también informó sobre la condena de Ferney Andrés Cuaspur, quien aceptó su responsabilidad en un preacuerdo por los delitos de tentativa de homicidio agravada y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.
Cuaspur fue condenado a nueve años de prisión por su participación en el intento de asesinato de Leidy Lorena Pasu Ceromeca, una firmante de paz que fue atacada el 16 de noviembre de 2023 en Mocoa, Putumayo.
Según la investigación, Cuaspur disparó contra Pasu Ceromeca en su residencia, pero la rápida intervención médica permitió salvarle la vida.
Un juez penal especializado de Mocoa avaló el acuerdo judicial, que también incluyó la inhabilitación de Cuaspur para ejercer funciones públicas durante el tiempo de su condena.
