Una millonaria suma que supera los $800 millones de pesos alcanzó a recolectar un grupo delincuencial, conocido como ‘Los Usurpadores’, mediante la extorsión a comerciantes de los municipios de Sabana de Torres, Rionegro, Lebrija, Onzaga, Oiba y Barbosa.
Los delincuentes realizaban llamadas telefónicas, enviaban audios o mensajes de WhatsApp amenazando a sus víctimas y exigiendo un dinero, que denominaron ‘impuesto de guerra’, para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y en otras ocasiones se hacían pasar como miembros de las disidencias de las Farc.
El coronel Gustavo Andrés Henao Sáenz, comandante (e) de la Policía de Santander, aseguró que eran delincuentes comunes, no pertenecían a ningún grupo armado delincuencial, y las llamadas las realizaban desde centros carcelarios.
“Los amenazaban con ser declarados objetivos militares, en caso de no pagar. Durante seis meses de investigación se estableció que las víctimas por temor entregaban los dineros mediante transacciones bancarias y giros”, informó el coronel Henao.
Con las pruebas recolectadas, el Gaula de la Policía de Santander adelantó una operación simultánea en las ciudades de Bogotá, Medellín e Ibagué, logrando las capturas de cuatro personas y la imputación de cargos a tres sujetos que se encontraban privados de la libertad en centro carcelarios de Colombia.
En las imágenes suministradas por la Policía se aprecia que fueron un hombre y tres mujeres los capturados mediante una orden judicial. A dos de ellos los detuvieron mientras laboraban en una empresa de construcción y una de limpieza.
“A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165″, dijo el comandante (e) de la Policía de Santander.
Amenazaban con matar a familiares
Dentro de las pruebas recolectadas por el Gaula de la Policía se encuentran varios mensajes y audios de WhatsApp donde amenazaban con asesinar a hijos, esposas y otros miembros de la familia.
“Buscaban información básica de los afectados, como cuántos hijos tenían, si eran casados y la actividad comercial. Esta información la lograban mediante supuestas encuestas telefónicas o en perfiles de redes sociales”, señaló una fuente judicial.
Solo que los comerciantes decidieron denunciar al Gaula de la Policía lo que sucedía logrando esta acción que permitió la desarticulación de la banda dedicada a la extorsión en Santander.
