La operación militar en contra de Allende Perilla Sandoval, uno de los pesos pesados de la Segunda Marquetalia, causó sorpresa en el mundo criminal y en la opinión pública, pues había pasado más de un año desde que la Fuerza Pública lanzara un ataque de esta clase contra un objetivo de alto valor estratégico.
Sucedió al amanecer del pasado 31 de diciembre, cuando los militares del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) asaltaron un caserío en la zona rural de Roberto Payán, en Nariño.
A ese sitio llegaron gracias a la delación de narcos extranjeros, a quienes Perilla, al parecer, les debía el dinero de las ganancias de un cargamento de 4 toneladas de cocaína.
En el sitio se desató un combate con su anillo de seguridad y, de acuerdo con información preliminar del Ejército, el objetivo habría muerto con un escolta. Sin embargo, varios guardaespaldas promovieron una asonada de la comunidad, y en medio del alboroto, se robaron los cuerpos.
Aunque no quedó un cadáver para confirmar los decesos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, certificó la muerte de quien fuera el comandante del bloque Occidental Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, y uno de sus principales narcotraficantes.
La organización disidente de las Farc no se ha pronunciado sobre el hecho, ocurrido en medio de los acercamientos de paz con la Casa de Nariño.
Desde que Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022, la Fuerza Pública no realizaba un ataque frontal contra un capo, bien fuera del crimen organizado o de las narcoguerrillas. ¿Por qué?
*Cambió la política de seguridad*
El proyecto político más importante de Gustavo Petro es la “paz total”, que propone el diálogo con los grupos armados como la principal solución contra la violencia. Pero en la práctica, el montaje de esta estrategia les ha concedido ventajas a esas organizaciones criminales, la mayoría de las cuales propone un juego doble: por un lado, hablan de sentarse a la mesa a dialogar; mientras, por el otro, siguen secuestrando, extorsionando, narcotraficando y sometiendo a la población civil.
La primera medida fue la suspensión de los bombardeos a finales de 2022, la principal arma del Estado contra las facciones armadas.
La justificación fue la protección de los menores de edad instrumentalizados, que podían morir en los ataques aéreos, pero eso no detuvo las dinámicas de reclutamiento, según la Defensoría del Pueblo. Por el contrario, el número de combatientes de nueva generación se ha venido incrementando en el Estado Mayor Central (EMC), el ELN y el Clan del Golfo, de acuerdo con datos de Inteligencia Militar. Sumadas, las tres organizaciones tienen, por lo menos, 12.000 miembros.
Sin la amenaza de los bombardeos, además, las estructuras ilegales volvieron a sus reuniones a campo abierto y reinstalaron campamentos por fuera de la selva, en la alta montaña, para tener un control visual de 360° de un territorio. Así sucedió, por ejemplo, en el Cañón del Micay (Cauca), donde el EMC tomó el control de Argelia desde las montañas del corregimiento El Plateado.
Aunado a esto, la Casa de Nariño decidió frenar la erradicación forzada de cultivos ilícitos, prometiendo hacerla de forma concertada por los sembradores. En consecuencia, los escuadrones de erradicación fueron retirados y las hectáreas de coca se multiplicaron.
Luego, el 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro, sin acuerdos previos con esos grupos, ordenó un cese bilateral del fuego. Sus seguidores la calificaron como “una movida audaz” y la mayoría de estructuras armadas lo aceptaron, aunque el ELN cuestionó que no le hubieran consultado antes y solo se acogió al mismo semanas después.
La más polémica de las decisiones, hasta ahora, ha sido el ofrecimiento de salarios y subsidios a los integrantes de los grupos criminales para que dejen de delinquir. En principio se planteó para los miembros de bandas de Buenaventura y Quibdó, pero el ELN también pidió ese beneficio como condición para cesar los secuestros. Por ahora no ha empezado la implementación de estos pagos, que siguen generando toda clase de críticas.
En abril de 2023 el Gobierno lanzó oficialmente su política de seguridad y convivencia, llamada “Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026”. Según el documento del MinDefensa, la estrategia “funda su razón de ser en el concepto de seguridad humana y tiene como propósito principal la protección de la vida”.
Esta política planteó cuatro objetivos principales: 1). Proveer condiciones de seguridad y protección para la vida y el patrimonio, con énfasis en territorios bajo disputa de organizaciones criminales; 2). Contener la deforestación y contribuir con la protección de la biodiversidad; 3). Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y el orden constitucional; 4). Fortalecer a la Fuerza Pública en su talento humano, su legitimidad y capacidades para apoyar la transformación de los territorios.
¿Y cómo le ha ido a esa política hasta ahora? Según la ONG Indepaz, que hace seguimiento a los hechos de violencia en el país, en 2023 mataron 188 líderes sociales y defensores de DD.HH., uno más que el año anterior; y se perpetraron 94 masacres, las mismas que en 2022.
Para defenderse de los malos resultados, Petro sacó el retrovisor y culpó al Gobierno anterior. “Decidieron hacer trizas la paz y ahora se esconden cuando tienen que asumir las consecuencias. Tiran la piedra y esconden la mano”, trinó.
Si revisamos las estadísticas disponibles del MinDefensa (con corte a noviembre 30/23), el secuestro creció un 67% entre 2022 y 2023, al pasar de 144 a 240 casos; la trata de personas, un 32% (de 580 a 767); los delitos contra el medioambiente, 28% (2.456 a 3.152); y el hurto a personas, 7% (de 316.155 a 337.601), por citar algunos de los indicadores importantes de seguridad ciudadana.
Ante estos resultados, el ministro Velásquez ha tenido que ir, por lo menos, a cinco debates de control político y de moción de censura, para explicar en el Congreso que esta estrategia no busca favorecer a los criminales, en detrimento de la comunidad.
*¿Hombres de paz?*
Fiscales de las direcciones de Crimen Organizado y Antinarcóticos le contaron a EL COLOMBIANO que las operaciones contra los grupos armados se redujeron, con y sin treguas de por medio.
El fiscal delegado contra las Organizaciones Criminales, Carlos Roberto Izquierdo, ratificó esa percepción en una entrevista con Noticias Caracol del pasado miércoles. “Con relación a 2021 y 2022, en 2023 se ha disminuido en un 28% la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Militares. Eso se refleja en el resultado de capturas y en la presencia en los territorios, que permite una expansión de parte de algunas estructuras”, expresó.
Rompiendo una tradición que se había impuesto en Colombia desde principios del siglo XXI, el actual Gobierno no persigue a los llamados Omina (Objetivo Militar de Interés Nacional) y Omave (Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico), como se les dice en la jerga de Inteligencia.
El MinDefensa tardó casi un año en autorizar el primer volante de los más buscados, que fue contra los máximos líderes del Clan del Golfo, ratificando las antiguas recompensas de $5.000 millones por “Chiquito Malo” y “Gonzalito”.
Con este cartel narcotraficante el Gobierno había roto la tregua en el primer trimestre de 2023, por cuenta de una oleada de violencia que afectó a Antioquia. A la fecha, sin embargo, no ha sido capturado ninguno de sus comandantes.
Los demás objetivos quedaron protegidos por los procesos de paz, pues fueron designados como gestores, voceros o negociadores, lo que implica la suspensión de sus órdenes de captura.
La obligatoriedad de un cese el fuego bilateral redujo el campo de acción de la Policía, las FF.MM. y la Fiscalía, pero no las actividades ilícitas de los grupos armados. Aunque esa no haya sido la intención del Gobierno, con el auge del narcotráfico y la salida de tropas de algunos territorios claves, los capos han tenido 17 meses para fortalecer sus arcas y sus estructuras.
*Confrontar o negociar*
Jorge Andrés Rico, docente de la U.P.B. y de la U. Luis Amigó, y autor del libro Relaciones civiles-militares y su entendimiento para el conflicto armado interno colombiano, recordó que históricamente el Estado ha enfrentado la violencia con un modelo pendular, que pasa de la negociación a la confrontación y viceversa.
Así, con el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) hubo negociación en El Caguán; con Álvaro Uribe, aunque se logró una pacto de paz con los paramilitares, fueron diez años de confrontación contra las guerrillas (2002-10); con Juan Manuel Santos (2010-18) se dio la negociación de La Habana; con Iván Duque regresó la confrontación (2018-22); y con Gustavo Petro volvió la tesis del diálogo, aunque con un enfoque peculiar.
“Con Petro se da un economicismo puro, al creer que todos los problemas de inseguridad se deben a la pobreza, por lo que, desde su punto de vista, el Estado tendría que entregarles dádivas económicas a los jóvenes de los grupos ilegales. Esto desconoce las características propias de esos grupos, en los que también hay empresarios de corte mafioso, cuyos ingresos no puede igualar el Gobierno”, dijo Rico.
En cuanto al congelamiento de la persecución contra objetivos de alto valor, el académico señaló que, por un lado, esos operativos se frenaron porque el Gobierno les reconoció estatus de negociadores a los grupos armados y eso impide confrontarlos; y, por el otro, porque “no hay un modelo de seguridad claro, aplicado sin la lógica territorial que exige el conflicto y con ausencia del liderazgo civil que deben ejercer el ministro de Defensa y el Presidente”.
Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), opinó que “en el primer año de Gobierno se presentó una disminución operativa significativa, que tiene que ver un poco con ese juego entre la paz total y la política de seguridad”.
Sin embargo, reconoció que en los últimos dos meses se han dado golpes importantes, como el caso de “Allende” y “la reapertura de la agenda operativa contra el Clan del Golfo, aunque tardía, que produjo 116 capturas”.
Desde su perspectiva, es real el cambio de estrategia enfocada en los objetivos de alto valor estratégico, que a su juicio es exitosa en términos mediáticos, pero no tanto estructurales contra el crimen.
“Algo que también ha cambiado en la política de seguridad es una relación distinta entre Mindefensa y la Fuerza Pública: antes las fuerzas tenían mucha más autonomía en su operatividad, ahora no. Y otro asunto significativo, que es culpa de la decisión del Gobierno, fue el efecto de los cambios en las cúpulas, lo que han llamado la ‘barrida de generales’, que hizo que las fuerzas perdieran ritmo y capacidades operativas”, agregó.
El experto pronosticó que en 2024 el Gobierno está llamado a recuperar el equilibrio entre la seguridad y la “paz total”, que estaba opacado por el protagonismo que tenía el anterior comisionado de Paz, Danilo Rueda, sobre el Ministerio de Defensa, lo cual tiene que ver con retomar la descuidada agenda operativa.
Los objetivos de alto valor protegidos por la ‘Paz total’
En la lista de los Omina (Objetivo Militar de Interés Nacional) y Omave (Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico) que quedaron blindados – de momento – por los acercamientos de paz , están, entre otros, los jefes del ELN (“Gabino”, “Pablito”, “Antonio García”, “Pablo Beltrán”), el EMC (“Iván Mordisco”, “Calarcá”, “Danilo Alvizú”, “Jhon Mechas”), la Segunda Marquetalia (“Iván Márquez”, “Zarco Aldinever”, “Wálter Mendoza”) y “los Pachenca” (“Muñeca”).
En el caso de la Segunda Marquetalia, sus líderes de mayor rango están por fuera del país, con excepción de alias “Allende”, sorprendido hace una semana en Nariño en una operación de las Fuerzas Especiales.
Información de El Colombiano
